Así lo han asegurado los máximos responsables de Cooperativas Agro-alimentarias y las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA en rueda de prensa frente a las puertas de la oficina de la Comisión Europea en Madrid que organizó la conferencia "el futuro de la PAC después del 2013", quienes abogaron además por "un frente común" de administraciones y sector primario para detener la reforma.

Para el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Fernando Marcén, la propuesta "hace aguas por todos los sitios" y se "queda muy lejos" de las necesidades del sector, como incentivar la producción y reequilibrar la cadena de valor. Ha recordado que cooperativas y pymes agrarias se verán afectadas porque se limitarán las cantidades máximas, al imponer un techo de ayudas, y que la propuesta puede provocar, además, "diferencias tremendas" en los pagos que recibirán las regiones españolas. Marcén ha confiado en que se consiga la "unidad de acción" en España y con otros países, al tiempo que no ha descartado protestas porque, "cuando los estamentos que tienen que escuchar no lo hacen lo suficiente", las movilizaciones "serán inevitables".

El presidente de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, ha dicho que la propuesta es "dañina, perjudicial e inasumible" porque recortaría entre un 12 y un 20% la ficha financiera, "viene a agravar aún más" la situación del campo y de las empresas agrarias españolas, no recoge mecanismos frente a crisis graves de mercado y conllevará "más burocracia".

Para el secretario general de la organización agraria COAG, Miguel López, la reforma es "inaceptable", plantea un recorte real del 17% de las ayudas para el período (2014-2020), está pensada para el campo del centro y norte de Europa y "olvida" a la agricultura mediterránea y de regadío, con más costes de producción. "No nos pueden presentar una propuesta de reforma que nos haga más daño en estos momentos", alegó López, quien aboga por convertir este asunto en "un problema de Estado" en defensa de un sector agroalimentario "que mueve más de 40.000 millones de euros" y de "7.000 millones de euros" en subvenciones.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos ha criticado que la Comisión "se encierre en una burbuja", ajena a las necesidades del campo, con una propuesta que supone un "ataque directo" hacia la agricultura productiva y las explotaciones familiares agrarias.