Según informa Efe, los países se posicionarán por primera vez sobre las propuestas presentadas por Bruselas hace una semana que, en el caso de España, han suscitado un rechazo total del Gobierno central, las Comunidades Autónomas y el sector. Aunque las reacciones desde otras delegaciones europeas han sido "más moderadas", "nadie ha aplaudido la propuesta", según informaron fuentes europeas.

Entre los principales escollos de la reforma figura la idea de cambiar el método de reparto de las ayudas o la de poner un "techo" a las subvenciones que reciben las grandes explotaciones. El nuevo modelo de distribución de ayudas pretende eliminar los derechos históricos, que se utilizan en la actualidad para el reparto en países como España, sobre la base de la producción media entre 2000 y 2002, y pasar a un sistema de "pago único" por hectárea.

El cambio afectará sobre todo a España, Italia, Irlanda, Finlandia y otros países que se rigen casi exclusivamente por ese sistema, ya que en Alemania, Reino Unido y otros Estados se aplica un modelo mixto que incluye los pagos por hectárea, según las fuentes.

España considera "un disparate" la idea de la "tarifa plana" de ayudas, que no tiene en cuenta "la agricultura mediterránea diversa", según manifestó hace unos días la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar.

El pago único no sería uniforme a nivel de toda la UE, sino entre las distintas regiones que los Estados miembros deberán previamente definir. El nuevo sistema corre el riesgo de provocar una agria batalla entre las regiones de un mismo país, según las fuentes.

Otro de los puntos conflictivos de la propuesta es la limitación de las ayudas que reciben las grandes explotaciones, con el techo máximo de 300.000 euros. La idea cuenta con la total oposición de Alemania, Reino Unido, Suecia y otros países. No es la primera ocasión que la CE intenta sacar adelante esta idea, que en el pasado no prosperó por el rechazo de algunos países.

La negociación se prevé "larga y compleja", entre otros motivos porque la aprobación de la reforma no solo requerirá el visto bueno de los Estados miembros, sino también del Parlamento Europeo. La reforma de la PAC se tratará en el Consejo durante sendos debates públicos, por la mañana y la tarde.