El Consejo de Gobierno ha aprobado el 8 de noviembre destinar 7,9 millones de euros a la Consejería de Agricultura y Pesca para las actuaciones de erradicación de enfermedades de animales que desarrollan las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG). Esta cantidad cubrirá los gastos del programa obligatorio de 2010 y la anualidad 2011 del programa complementario, según recoge EP.

Las ADSG, entidades constituidas por ganaderos con el reconocimiento oficial de la Consejería de Agricultura y Pesca, tienen como principal objetivo garantizar y elevar el nivel sanitario de las explotaciones asociadas mediante el desarrollo de programas comunes.

Actualmente alcanzan la cifra de 79 y prestan servicio a 20.000 fincas ganaderas a través de medidas de diagnóstico, tratamiento, profilaxis y erradicación de enfermedades; creación y matenimiento de infraestructuras defensivas frente a riesgos, y acciones de formación para las personas que manejan o poseen animales.

En el caso de las ADSG de rumiantes y porcino, la normativa exige la integración de al menos el 50% de las explotaciones y del censo de animales de las comarcas agrarias que conforman su ámbito territorial. Para el resto, y dependiendo de la especie animal, se establecen como áreas de referencia la provincia, varias provincias o incluso la comunidad autónoma, con una proporción mínima del 35% tanto de explotaciones como de censos.

Al trabajo de las ADSG, fundamental para garantizar la seguridad alimentaria con medidas adoptadas por el propio sector ganadero, se suma la intervención directa de la Junta a través del Plan Andaluz de Vigilancia Epidemiológica, con 30.000 controles y 10 millones de muestras realizadas este año en más de un millar de explotaciones. Este plan da prioridad a las tareas de prevención y detección precoz de enfermedades, con especial atención a la investigación, la gestión de riesgos y la eficiencia económica. Asimismo, la Consejería de Agricultura y Pesca controla anualmente más de 2.000 fincas para garantizar el bienestar animal y las condiciones higiénicas. Todas estas iniciativas han supuesto durante los tres últimos años unas inversiones superiores a los 130 millones de euros.