Los 27 debaten los cambios en las ayudas directas de la PAC que solicita Bruselas y España rechaza
Después de un primer debate sobre la reforma en general el pasado mes en Luxemburgo, los ministros podrán detenerse esta vez en detalles concretos de las ayudas directas. La presidencia europea que este semestre ocupa Polonia ha preguntado a las delegaciones su opinión sobre la "estructura por capas" del pago de los subsidios y sobre el planteamiento de redistribución entre Estados miembros y sectores.
El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, aboga por revisar las ayudas directas para fijar un pago base o "tarifa plana" para los agricultores de la Unión Europea, al que se podrán sumar un 30% de subsidios a cambio de determinados esfuerzos medioambientales, como el barbecho ecológico, por ejemplo, y otros apoyos para zonas desfavorecidas.
España considera "inaceptable" esta propuesta porque considera que generará "importantes desequilibrios territoriales y productivos" y porque cree que no tiene en cuenta la "diversidad de cultivo ni las zonas u métodos de producción" mediterráneas, lo que pondría "en serio peligro la viabilidad de muchas explotaciones". Así lo ha expresado la ministra española, Rosa Aguilar, en sus intervenciones ante el Consejo y, la más reciente, el pasado lunes en la Eurocámara.
Los incentivos para "reverdecer" la PAC forman una de las propuestas más destacadas del Ejecutivo comunitario, en su intento por justificar mejor ante la opinión pública el gasto agrícola europeo, pero muchos de los Estados miembros han expresado sus dudas o reticencias a reservar hasta un 30% de las ayudas a este objetivo. Los ministros dedicarán el almuerzo a puerta cerrada a este asunto.
También abordarán a petición de Hungría una solicitud para extender el sistema de cuotas de producción de azúcar hasta 2020, pese a que la liberalización del sector está prevista para 2015 y el comisario ha dejado claro que este asunto no forma parte de la reforma. Austria, Francia y Lituania se han sumado a Hungría a esta petición que fue planteada por varios ministros en su reunión de octubre, aunque España no se pronunció.
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