Según sus estimaciones recogidas por EP, el recorte asciende a más de 3,2 millones de euros, y entre sus consecuencias se encuentra que los ganaderos tendrán que pagar unos 1.500 euros al año, lo que puede que lleve, se temen, a que algunos se deshagan de los cadáveres "de manera desaprensiva".

La otra opción es que contraten un seguro, subvencionado parcialmente, con un coste medio que calculan en 300 euros al año por ganadero.

Cantabria era la única comunidad autónoma en la que este servicio era gratuito, y esta "eficaz" modalidad era un "auténtica garantía" de preservación del medio natural, además de un "derecho adquirido" y una de las "pocas comunidades" que tenían los ganaderos cántabros.

En un comunicado, el sindicato explica que esta medida ya les fue anunciada por el Ejecutivo, que adujo la "obligación" que les imponía Bruselas, e inquieren al presidente, Ignacio Diego, si "va a tener alguna buena noticia" para ellos.