La ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha reiterado en Bruselas el rechazo de España al pago base propuesto en la reforma de la PAC y ha asegurado que el nuevo modelo de ayudas propuesto por la Comisión Europea plantea “grandes incertidumbres y problemas en cuanto a su aplicación”. “Tiene un encaje muy difícil en nuestro modelo productivo, caracterizado por la gran diversidad y riqueza de las producciones”, ha asegurado la ministra.

Para Aguilar, “el nuevo modelo de pagos directos que se establezca deberá dar respuesta a las necesidades de las distintas orientaciones y sistemas productivos de la agricultura y ganadería española, elemento que compartimos con los estados miembros mediterráneos”.

La titular del MARM ha expresado además su preocupación por los impactos a los que puede conducir la aplicación de esa reforma “tanto a nivel sectorial, como territorial e individual, ya que condiciona la viabilidad futura de muchas de las explotaciones agrarias de nuestro país produciendo desequilibrios territoriales y sectoriales”.

La ministra ha explicado que las inquietudes de España se concentran en los dos elementos fundamentales del nuevo modelo de ayudas: el pago de base y el llamado “componente verde”.

Respecto al pago de base, el reglamento propone el establecimiento que es inaceptable para España, de una tasa o pago uniforme a nivel de región o de Estado Miembro, en el año 2019 a más tardar. Con respecto al pago adicional para prácticas beneficiosas con el medio ambiente y el clima, el componente verde, Aguilar ha coincidido con los objetivos aunque ha explicado que es “imprescindible tener en cuenta que la agricultura europea, que los agricultores y ganaderos, ya cumplen con todo un conjunto de disposiciones y exigencias medioambientales recogidos en nuestro ordenamiento, que hacen que nuestra agricultura sea sostenible”. En este sentido, Rosa Aguilar ha defendido que la aplicación del componente verde debe estar vinculada a “una simplificación real y efectiva de las normas”. “Las medidas que se apliquen dentro de dicho componente verde han de ser sencillas, fácilmente aplicables y generalizables, y en ningún caso podrán suponer una pérdida de competitividad ni de productividad a las explotaciones europeas”, ha abundado la ministra, quien ha rechazado que el incumplimiento de las obligaciones de este componente verde afectara a los pagos de las ayudas a los agricultores. Además, y buscando la mejora de la competitividad de las explotaciones europeas, el Gobierno de España entiende que habría que revisar a la baja el porcentaje del 30% de los pagos directos dispuesto para dicha ayuda verde.

Por otro lado, desde España, ha afirmado la ministra, no puede aceptarse la falta de adecuación de las medidas propuestas “hacia algunas de nuestras producciones más representativas”, tales como el olivar, el viñedo, la producción frutícola, los sistemas productivos en regadío o las producciones ganaderas de las zonas de montaña, entre otras. Ante este nuevo escenario planteado por la Comisión Europea, la ministra ha considerado “fundamental” aumentar los recursos disponibles para el componente de ayudas acopladas y flexibilizar su aplicación, al tiempo que ha subrayado “la importancia de la incorporación de jóvenes” dado el fuerte grado de envejecimiento de los activos del sector y la necesidad de fomentar el relevo generacional, así como “la incorporación de la mujer como elemento activo prioritario” en los sectores agrícola y ganadero.