El Tribunal publicó un informe en el que destaca la falta de supervisión para verificar el correcto cumplimiento de la normativa que rige este tipo de distintivos europeos. El sistema comunitario de indicaciones geográficas permite a agricultores y productores de alimentos diferenciar sus productos ante los consumidores.

Las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) acumulan un volumen de negocio anual de cerca de 15.000 millones de euros.

Según el documento del Tribunal de Cuentas, la legislación sobre esta materia "no establece el carácter y la naturaleza obligatorias de las verificaciones que deben llevar a cabo los Estados miembros para prevenir y detectar prácticas excluidas".

En opinión del organismo auditor, este hecho debe ser corregido mediante "normas claras sobre un dispositivo de control que prevea verificaciones periódicas" sobre el funcionamiento de los distintivos y las prácticas de sus beneficiarios.

Asimismo, el Tribunal destacó que tampoco la Comisión Europea efectúa "una supervisión estrecha", por lo que recomienda que el Ejecutivo comunitario incluya "auditorías de las verificaciones del sistema". La Corte europea destaca en su documento el bajo nivel de conocimiento de las IGP y las DOP entre los consumidores. Para remediarlo, pide a la CE que elabore una estrategia para aumentar la concienciación de la población.

Puede consultar este informe en la sección de Documentos de eurocarnedigital.