La asociación advierte de que las "importantes carencias" en la protección de los consumidores en los últimos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar y el creciente índice de "abusos y fraudes" que sufren los ciudadanos, que se han visto incrementados en este periodo de crisis económica, deberían llevar al nuevo Ejecutivo a "priorizar estas políticas, que ni siquiera venían contado con su propia Secretaría de Estado".

Sin embargo, lamenta que lejos de aumentar el rango de estas políticas en el organigrama del Ministerio de Ana Mato, competente en la política de Consumo, el BOE del pasado sábado 31 de diciembre recoge la supresión de la Secretaría General de Política Social y Consumo y la Dirección General de Consumo.

Asimismo, apuntan a que el destino del Instituto Nacional del Consumo (INC) es hoy una "incógnita", pues desconoce si dependerá de Sanidad, de Servicios Sociales o si también será eliminado. Por ello, desde esta federación preguntan al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los motivos que le han llevado a deshacerse de estos organismos y si la protección de los consumidores "no importa al Gobierno".