Los ponentes invitados al evento fueron: Eduard Torres (jefe de servicio de la Generalitat), Alberto Álvarez (gerente de ANAPORC), Miguel Ángel Higuera (adjunto al director de ANPROGAPOR), Rossend Saltiveri (UP), Ramón Nasarre (SRG), Jaume Bernis (JARC) y como moderador Enrique Novales (DGA). La actividad se desarrollo con el apoyo de las empresas patrocinadoras del máster: Hipra y Boehringer Ingelheim.

La presencia conjunta de representantes de los productores, técnicos y de la Administración, enriqueció un debate entre las diferentes posturas. Todas las partes coincidieron en que es una normativa impuesta desde Bruselas, de obligado cumplimiento para los países de la Unión Europea que exportan carne de porcino, como es el caso de España debido a su excedente de producción respecto a su consumo nacional.

La normativa de bienestar animal surge a partir de los años 90, impuesta por el consumidor. En la mesa redonda se debatieron una serie de controversias al respecto, tales como si el consumidor y las distribuidoras son conscientes de los actuales procesos de producción que se realizan en las explotaciones ganaderas, y si estos generan bienestar o malestar en los cerdos. La conclusión es que NO, que existe un gran desconocimiento de los procesos de gestión en las explotaciones por parte de los consumidores finales. Además, si algo se tiene claro con la situación económica actual, es que el consumidor no estará dispuesto a pagar más dinero por el kilo de carne. Así pues, ¿cuál es el origen real de estas medidas: el consumidor, o son unas medidas de “regulación del mercado” para satisfacer determinados intereses?

El Reino Unido comenzó hace años a aplicar este tipo de normativas, el resultado ha sido una disminución del 50% del censo de ganado porcino, y que a día de hoy, tengan que importar el 60% de su consumo de carne porcina. Los países que más exportan al Reino Unido, son Dinamarca y Holanda, los cuales han de cumplir estrictamente las leyes existentes en UK para poder distribuir su producto, por ello, gran parte de las explotaciones porcinas de estos países, el 65%, ya están adaptados a la normativa. Estos países, junto con Suecia, a día de hoy son los que lideran la implantación de la normativa de bienestar animal, en los países miembros de la Unión Europea.

Un serio problema para el ganadero español, es conseguir la financiación necesaria para hacer frente a los costes que a priori le supone esta normativa (200-300 €/cerda). A día de hoy, Aragón y Cataluña solo tienen el 20% de las granjas adaptadas a la normativa. La previsión de Interpig es que el 85-90% de las explotaciones se adapten antes del 2013. Observando estos datos, se podría pensar que una vez aplicada la normativa, se producirá un descenso en la producción de carne y en las exportaciones a nivel español, pero las previsiones demuestran todo lo contrario basándose en las siguientes apreciaciones: en primer lugar, las explotaciones que desaparecerán, en su gran mayoría son de pequeño tamaño, mientras que algún porcentaje de las que se adapten, aprovecharán las reformas para aumentar su censo y por tanto su producción. Otro aspecto a tener en cuenta, es que las grandes integradoras no permitirán que se pierda cuota de mercado por lo que si es necesario también aumentarán su censo. Además, el productor español no deja de demostrar año tras año que cada vez sabe producir mejor y conseguir más kilos de carne por cerda y año.

No existía ninguna duda de que el 1 de enero de 2013, las explotaciones porcinas deben estar adaptadas a la normativa y que al productor no le queda más remedio que usar dicha ley para intentar mejorar sus índices de producción.