Arias Cañete se manifestaba así durante su intervención el pasado 10 de febrero, ante la Junta Directiva Nacional de la Organización Profesional Agraria Asaja, organizaciones a las que ha pedido su colaboración para alcanzar, junto al Gobierno y las comunidades autónomas, una posición común de cara a las negociaciones para la reforma de la Política Agraria Común. A este respecto, Arias Cañete ha subrayado que “a la PAC le vamos a dedicar mucho tiempo, muchos equipos y mucha presencia en Bruselas”.

Además de luchar para mantener estas dotaciones financieras, el ministro ha señalado que una de las grandes preocupaciones de su Departamento a la hora de afrontar la reforma de la PAC es la fijación del número de hectáreas elegibles. Según ha dicho Arias Cañete, “el problema no es tanto el dinero que se recibe de la Unión Europea sino la manera de repartirlo”, ya que desde el año 2009 al 2011 el número de hectáreas ha pasado de 21 a 24 millones de hectáreas, y en las propuestas del comisario Ciolos ese número se eleva hasta los 38 millones.

El ministro ha añadido que, una vez que se solucione el problema de fijar el número de hectáreas, el Ministerio se enfrenta a la cuestión de los flujos entre cultivos y comunidades autónomas. En este sentido, Arias Cañete ha afirmado que “la aplicación de la PAC debe hacerse a nivel nacional, que sea el Ministerio el que la aplique, de tal manera que los cultivos tengan el mismo nivel de apoyo en todo el territorio, evitando así la posible competencia desleal de los productos en España”. Paralelamente, el ministro ha señalado que en el seno de la Unión Europea se abren otros debates, en los que va a participar activamente el Ministerio, como son los derechos de plantación de viñedo, la prórroga de las cuotas de la remolacha, y las cuotas lácteas.

Por otra parte, además de trabajar para conseguir una PAC satisfactoria para España, Arias Cañete se ha comprometido a “diseñar una política agraria nacional, que estaba abandonada en los últimos años, para hacer más competitivo el campo español”, para lo que se va a trabajar en cuatro leyes básicas. La primera de estas leyes, ha dicho el ministro, va a ser la ley de ordenación de la cadena alimentaria, “con el objetivo de establecer unos marcos más razonables en el sistema de participación de los agricultores en el valor añadido de la producción agraria”.

También se va a modificar la ley general de cooperativas, “para crear un marco jurídico que facilite la integración nacional de las cooperativas agrarias, favoreciendo la concentración de la oferta, la concentración de los productores, facilitando la creación de estructuras comerciales más potentes que tengan capacidad de diálogo con la gran distribución". Este cambio normativo traerá consigo la modificación de la ley de interprofesionales, para lograr agilizar su funcionamiento y que éstas puedan responder a los retos del mercado. Y una última ley, ha concluido el ministro, que establezca la interlocución con las organizaciones agrarias y la medición de su representatividad a nivel nacional.