El secretario de ganadería de UPA, Román Santalla, ha denunciado que los compradores de productos cárnicos están pagando a 120 días y más. “En el mejor de los casos, se duplica el periodo de cobro que establece la legislación”, ha declarado Santalla.

La Ley de Morosidad entró en vigor en julio de 2010, fijando unos plazos máximos de 60 días para los pagos de empresas a sus proveedores y de 30 días en el caso de las administraciones públicas. En los productos alimentarios perecederos, establecía un plazo máximo de 30 días en todos los casos, lo que, según UPA, “no se está cumpliendo en absoluto”.

Sin embargo, los ganaderos denuncian que ellos sí tienen que hacer frente a los pagos a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días: energía, mano de obra y, el más importante en términos cuantitativos, alimentación animal, partida que además este año ha tenido que incrementarse notablemente debido a la sequía, que ha causado una ausencia casi total de pastos. UPA ha explicado que, dada la situación del mercado financiero, este problema resulta “imposible de soportar” para el sector, por lo que han exigido al Gobierno que “actúe lo más rápidamente posible para restituir la situación de cobros a lo que marca la Ley”.