Esta iniciativa comenzó por una acción conjunta de la fiscalía de tres estados (Mato Grosso, Pará y Acre) y supone una segunda etapa para aclarar la relación entre los ganaderos, la industria cárnica y los supermercados.

Toda la cadena firmó una serie de acuerdos, denominados Términos de Ajuste de conducta con la promesa e hacer la producción de carne en Brasil más sostenible. El Ministerio Público Federal quiere saber si los firmantes cumplen con lo pactado y que los supermercados ofrezcan información sobre sus proveedores cárnicos.

Las empresas consultadas son el grupo Pan de Azúcar, Walmart y Carrefour además de otras regionales cmo G. Barbosa, Zaffari o DMA Distribuidora, entre otros.

Desde el Ministerio Público Federal también se busca una respuesta desde la Asociación Brasileña de Supermercados sobre su compromiso a no comprar carne de ganaderos que no respetan la ley actual y, de momento, no la ha recibido.