La presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha sido la encargada de presentar la Estrategia política de la Industria Agroalimentaria de Aragón dentro de una jornada de trabajo para la aprobación de esta Estrategia, cuyo objetivo principal es fomentar el desarrollo del subsector agroalimentario, como elemento clave para el desarrollo del sector agrario y del medio rural en la Comunidad.

Durante su intervención en esta jornada de trabajo, Luisa Fernanda Rudi, ha recordado “que Aragón, con una política adecuadamente orientada y mantenida en el tiempo y con un rumbo certero puede aprovechar las ventajas indudables de la posición logística de Zaragoza y su entorno, el creciente desarrollo del turismo del interior ligado en gran parte a la gastronomía y el uso de las TIC para trabajar en red.”

Rudi ha explicado que la Estrategia que el Ejecutivo plantea se basa en cinco ejes básicos: un aumento sustancial de la competitividad de las empresas y explotaciones agrícolas, una reorientación estratégica y dinamizadora de todo el potencial investigador que existe en Aragón, un decidido apoyo a la promoción exterior de nuestros productos, una rigurosa y eficaz simplificación legislativa y administrativa de todo el entramado normativo y un acortamiento sustancial de la distancia que en la cadena alimentaria separa a los productores de los consumidores.

Para alcanzar lo que se ha convertido en una de las metas claves de esta legislatura, se ha querido contar con el acuerdo y el compromiso de todos los actores que constituyen el sector agroalimentario, y que hoy han podido participar en la jornada de trabajo. Un proceso de participación del que se pretende que salgan las principales líneas de acción para incrementar la competitividad y capacidad comercial de las empresas, aportando mayor valor añadido en la cadena comercial, favorecer la investigación, fomentar la diversificación de la oferta como fuente de ingresos alternativos y lograr la simplificación y coordinación administrativa que afectan a los procedimientos y normas de obligado cumplimiento.

A partir de estos fines, y siempre bajo el consenso, se establecerán las líneas de trabajo prioritarias. Para ello se creará una estructura organizativa compuesta por representantes de la Administración y de los agentes sociales y económicos que la suscriban.