El consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, presentó en rueda de prensa el contenido de la Orden que regula estas ayudas, cuyo objetivo es “el desarrollo de una estructura moderna, impulsar la innovación tecnológica, adaptar las producciones a la demanda del mercado y mejorar la calidad ambiental de la industria agroalimentaria”.

Cerdá destacó la importancia de esta industria ya que, según dijo, “le da un valor añadido a nuestras producciones agrarias, garantiza la calidad y seguridad alimentarias y contribuye a dinamizar el medio rural”. Igualmente señaló que “emplea a más de 45.000 trabajadores, sus ventas superan 5.300 millones de euros y sus exportaciones los 3.000 millones de euros”.

El responsable autonómico apuntó que las ayudas irán destinadas a inversiones en obra civil, maquinaria y equipos, así como a proyectos, patentes y licencias que mejoren el rendimiento global de la empresa, afecten a la transformación y/o comercialización de los productos del Anexo I del Tratado de la UE, cumplan las normas comunitarias, tengan viabilidad económica y cuenten con demanda en el mercado.

Se prevé una inversión total de 105 millones de euros. Con carácter general, las ayudas a empresas abarcarán el 26 por ciento de la inversión. No obstante, cuando la pyme sea cooperativa o sociedad agraria de transformación inscrita en algún Consejo de Denominación de Origen, Indicación Geográfica Protegida, Especialidad Tradicional Garantizada o el Consejo de Agricultura Ecológica, la ayuda será del 28 por ciento.

Contarán con un 30 % de ayudas las inversiones destinadas a gestión de residuos, tratamiento y depuración de aguas residuales, reutilización y ahorro de agua. Por otra parte, los procesos de integración de empresas contarán con un 40 por ciento de ayudas. Finalmente, en el caso de grandes empresas, la intensidad de las ayudas se reducirá a la mitad.

Cerdá concluyó que las ayudas contribuirán a “la renovación del sector agroalimentario y a hacerlo más competitivo”. El 75 por ciento de éstas proceden de fondos europeos FEADER, el 15 por ciento lo aporta la Comunidad Autónoma y el 10 por ciento el ministerio del ramo.