A través de un comunicado, la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, Fesvet, se ha opuesto a la figura del auxiliar oficial de la inspección veterinaria en mataderos que se está estudiando estos días en Aragón. Según Fesvet se trataría de un puesto de trabajo desarrollado por un trabajador de la empresa privada "habilitado para algunas de sus labores mediante una formación muy inferior la requerida para este tipo de trabajo".

Desde la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios y otros organismos especializados y asociaciones científicas, estiman que se debe crear una Especialidad en Ciencias de la Salud para los veterinarios dedicados a la protección de la salud pública en el ámbito de la seguridad alimentaria y las zoonosis; de tal manera que se asegure que estos puestos sean cubiertos por facultativos con unos conocimientos y experiencia superiores a los que posee la media de la profesión.

Según la Federación, con el decreto que está en estudio en Aragón, "se pretende que trabajadores de la empresa privada con una cualificación que está a años luz del facultativo veterinario, asuman tareas forenses y anatomopatológicas vitales para la calidad de la Salud Pública Comunitaria, y que éstos estén sometidos solamente a controles periódicos por parte de los servicios veterinarios oficiales".

Además, para Fesvet "este decreto también abriría las puertas a que las empresas privadas contraten otros profesionales que no tienen competencias legales en la inspección de alimentos de origen animal para hacer trabajos que corresponden al veterinario, con el consiguiente intrusismo laboral. O que se contraten veterinarios en puestos de inferior categoría para que hagan un trabajo mucho más precario y menos especializado con una inferior remuneración".

Fesvet estima que este tipo de empresas son "una vieja aspiración de los lobbys del sector cárnico, que eludiría así, al menos en parte, el exhaustivo control del veterinario oficial". "Hay un claro conflicto de intereses en los que la salud pública saldría dañada sin lugar a dudas", añaden.

Para la organización sindical, de llegar a darse el visto bueno a esta figura, sería un "grave atentado contra la calidad de la salud pública y exige que se dé marcha atrás con este decreto".

Para presionar en este sentido la Federación ha iniciado una campaña informativa del riesgo que esto supondría para la salud pública además de la importante agresión que implicaría a las competencias profesionales del veterinario.