El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), está elaborando un nuevo Real Decreto para la ordenación de las explotaciones porcinas intensivas. La anterior normativa, el Real Decreto 324/2000, tiene ya 18 años y, desde su entrada en vigor, este sector de la ganadería española ha evolucionado mucho.

Los cambios serían para legislar un sector que "presenta una estructura productiva y empresarial totalmente diferente, y que se enfrenta a unos retos significativamente distintos a los que se enfrentaba hace casi 20 años", dice el documento de consulta pública".

Además es necesario cambiar el real decreto en vigor ante las modificaciones en materia de sanidad animal, de la higiene y trazabilidad, y en el ámbito de la protección ambiental.

Entre los puntos que se tratarán están las dimensiones de la granjas para permitir la sostenibilidad económica de los ganaderos y la sostenibilidad ambiental del entorno en el que desarrollan su actividad. 

En materia de bioseguridad y sanidad animal, la nueva norma reforzará y ampliará los requisitos existentes en esta materia a todas las explotaciones de ganado porcino, adaptándolos al riesgo potencial que presentan los distintos tipos de explotaciones. Así mismo, es importante establecer un régimen claro de responsabilidades en materia de bioseguridad y sanidad animal, incluir requisitos en materia de formación para el personal que trabaja con ganado porcino, así como mejorar las obligaciones de la normativa en vigor para el movimiento de animales procedentes de distintas explotaciones y mejorar las obligaciones en materia de ubicación de explotaciones y distancias mínimas entre explotaciones y otros establecimientos que puedan presentar un riesgo higiénico-sanitario, destaca el documento.

En materia medioambiental, cabe destacar las obligaciones que establece la Directiva (UE) 2016/2284, de 14 de diciembre de 2016, relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, que fija compromisos de reducción de emisiones atmosféricas antropogénicas para los Estados miembros, entre los que tiene gran repercusión para el sector porcino los compromisos de reducción de emisiones de amoniaco, puesto que este sector es el responsable, aproximadamente, del 27% de las emisiones totales de amoniaco a la atmósfera en España. En este sentido, la normativa de ordenación sectorial es el marco apropiado para el establecimiento de una serie de medidas que permitan reducir las emisiones en los distintos tipos de explotaciones, que permitan, a su vez, reducir las emisiones globales de amoniaco a la atmósfera.

También es necesario actualizar y reforzar los requisitos que el Real decreto 324/2000 en vigor establece para la gestión de estiércoles en las explotaciones ganaderas, para adaptarlos a las exigencias que establece el resto de normativa en la materia y para adaptarlos a la realidad científica y técnica de la gestión de estiércoles en el ganado porcino.