La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT y las patronales Anice y Propollo, han firmado los criterios y propuestas básicas de un posible acuerdo estatal del sector cárnico y avícola para garantizar el empleo digno y de calidad, así como dar estabilidad a las empresas, recuperar las actividades externalizadas y fomentar el empleo en la Mesa de Diálogo Tripartita.

El documento ha sido firmado por los secretarios generales de UGT FICA, Pedro Hojas, y de Anice, Miguel Huertas, y por el presidente y el secretario general de Propollo, Antonio Sánchez y Ángel Martín, respectivamente. 

En el documento, se recogen las bases para un acuerdo estatal en el sector cárnico y avícola que garantice la estabilidad en el empleo y el mantenimiento de la actividad económica, de manera ordenada y con el consenso de todas las partes; Ministerio de Trabajo, Sindicatos y Organizaciones Empresariales.

En opinión de los firmantes, dicho proceso debería dirigirse al encuadramiento en el Régimen General de la Seguridad Social de todos los trabajadores que desarrollen su actividad en la industria cárnica y avícola, sea cual sea su origen y naturaleza, y que perciban los salarios establecidos en los respectivos Convenios Colectivos.

También se considera necesario introducir medidas de flexibilidad que permitan a las empresas la organización de su actividad productiva para poder seguir compitiendo y siendo líderes en el comercio internacional.

Así mismo y, a fin de no poner en riesgo empresas y puestos de trabajo, se manifiesta la necesidad de que el Gobierno habilite soluciones efectivas para aquellas empresas que se encuentren con procesos liquidatorios en curso.

Finalmente, los firmantes piden al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que convoque, con carácter urgente, la Mesa Tripartita de Diálogo, a fin de concretar estas propuestas.

Desde Anice se valora positivamente el manifiesto suscrito porque facilita una transición ordenada y consensuada a un sector más moderno y socialmente sostenible, evitando actuaciones que pongan en riesgo a colectivos de empresas y trabajadores.