Desde la Cámara Paraguaya de las Carnes han mostrado su negativa a la creación del Instituto Paraguayo de la Carne al considerar que "el Estado ya cuenta con instituciones que se encargan de generar condiciones del mercado, garantías de producción, promoción y comercialización de la carne paraguaya". En concreto se trata del Senacsa y de los ministerios de Industria y Comercio, de Agricultura y Ganadería y de Relaciones Exteriores, además de Rediex, informan en un comunicado recogido por Última Hora.“No necesitamos una nueva institución pública, especialmente cuando el Gobierno está haciendo esfuerzos para achicar el Estado”, sostienen.

El proyecto fue presentado por la Cancillería Nacional y acompañado por la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Busca la creación del ente estatal bajo la modalidad de alianza público-privada (APP). 

Si se mostraron a favor de esta nueva organización pero fuera de derecho privado y tuviera un plan de trabajo y proyectos específicos para paliar las necesidades actuales de promoción, trazabilidad, tipificación y clasificación.

Se mostraron en desacuerdo con la posibilidad de la generación de nuevos impuestos, y criticaron que el plan de financiación propuesto es con el aporte de un monto de dinero por cabeza de ganado. “El cobro por cabeza que pretenden afectará al mercado y constituirá un impuesto indirecto a la exportación”, detallaron.

“Los puntos que deberían preocupar al sector ganadero son: la cantidad, calidad y la sanidad de nuestra ganadería. Hoy día, solo 10% del hato ganadero nacional cuenta con trazabilidad, lo cual es un elemento indispensable para abordar futuros mercados”, refiere el comunicado.

Recomendaron a los gobernantes de turno que continúe y aumente la promoción y apertura de nuevos mercados, pero sin intervención estatal que pueda dañar el precio del producto.

“Los gremios y frigoríficos exportadores abogamos por el respeto al libre comercio, en cualquier sector de la economía paraguaya, permitiendo que la actividad privada sea regida por las reglas de la oferta y la demanda imperantes en el libre mercado, sin la interferencia del Estado”, concluyen.