El Boletín Oficial de Cantabria (BOC), en su número 32, ha publicado la resolución de dicha Consejería, mediante la que se informa de la autorización de veterinarios colaboradores previstos en la Orden de 10 de diciembre de 2003. nn

La costumbre de sacrificar animales de la especie porcina en domicilios particulares es una actividad tradicional en nuestra Comunidad Autónoma, que constituye una excepción al régimen general de producción de carnes frescas destinadas al consumo humano. Por ello, la Orden de 10 de diciembre de 2003, a la que la nueva resolución complementa, establece normas para el control sanitario de cerdo doméstico sacrificado para consumo familiar.nn

En virtud del artículo 7 de la Orden citada que señala que el nombramiento de los veterinarios colaboradores corresponde al director general de Salud Pública, una vez recibida la preceptiva propuesta del Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria, esta nueva resolución autoriza, a tal efecto, a 32 profesionales, que cuentan con dotación propia de medios técnicos, requisito exigido en el apartado 2 del artículo 5 de la Orden, para poder realizar el control sanitario necesario en la matanza de porcino.nn

La figura de los veterinarios colaboradores viene a sustituir a los veterinarios oficiales en las labores de control sanitario que en la matanza venían realizando. Por su parte, el Colegio Oficial de Veterinarios ha notificado a los diferentes ayuntamientos de Cantabria la designación de estos nuevos profesionales, para que lo pongan en conocimiento de sus vecinos.nn

Éstos tiene como obligaciones fundamentales la realización de la inspección post mortem y la investigación de triquina de las canales. Si se detectara cualquier causa de no aptitud para el consumo humano deberá comunicárselo con carácter urgente y por escrito al Servicio de Seguridad Alimentaria. nn

Asimismo, elaborará ,al final de cada campaña, en el mes de abril de cada año, un informe en el que se relacionen los controles sanitarios realizados, los propietarios de los animales sacrificados por municipios, los resultados de los controles, las observaciones o informaciones complementarias que estime de interés para la evaluación de las actividades y, en su caso, las incidencias detectadas. Dicho informe lo remitirá al jefe de Servicio de Seguridad Alimentaria, de la Dirección General de Salud Pública.