Están obligadas a inscribirse en este registro las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades en estos ámbitos.

El objetivo de este decreto es disponer de una herramienta útil en las políticas de defensa de la sanidad animal, así como establecer un marco para los dos sectores: el de la alimentación animal y el de los subproductos animales (en el que no había ninguna referencia normativa).