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El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley de Creación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia

La Comisión Nacional de Mercados y Competencia aprobada el 27 de setiembre por el Gobierno para agrupar las funciones de los ocho reguladores actuales permitirá ahorrar alrededor de 28 millones de euros gracias a la reducción del número de altos directivos y a los menores gastos en gestión.

Según la referencia del Consejo de Ministros recogida por Efe, el proyecto de ley de Creación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia recoge la reducción del número de altos cargos de 52 a 9.

La nueva institución agrupará las funciones de la Comisión Nacional de Energía, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Comité de Regulación Ferroviaria, la Comisión Nacional del Sector Postal, la Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales.

Sus funciones serán "asegurar el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos".

Según el Gobierno, la unificación permitirá simplificar las estructuras y maximizar las economías de escala del organismo y repercutirá en una mejora de la seguridad jurídica "dado que desaparece el riesgo de que los organismos sectoriales y la autoridad de competencia adopten criterios divergentes".

Según el proyecto que será remitido a las Cortes, la Comisión será un organismo público, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, con personalidad jurídica propia y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de los agentes del mercado. La Comisión contará con un presidente, un vicepresidente y siete consejeros, que serán nombrados por el Gobierno después de que estos hayan pasado por el Congreso de los Diputados sin que les haya vetado una mayoría absoluta de diputados. El mandato de los consejeros será de seis años sin posibilidad de reelección. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia tendrá potestad normativa, de manera que podrá dictar circulares para el desarrollo y ejecución de leyes y reglamentos en los sectores regulados. Además, podrá inspeccionar con fines sancionadores, aunque se separará la instrucción de la resolución de los expedientes.

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