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Luis Planas explica en el Congreso que está haciendo el MAPA para aliviar la situación del sector agropecuario español

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha comparecido en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados para presentar las líneas básicas de actuación de su departamento en esta legislatura, con el objetivo de hacer frente a los desafíos del sector primario y atender sus legítimas demandas, desde el diálogo, la claridad y la transparencia.
 
El ministro ha analizado la actual situación del campo, destacando que, en gran parte, se trata de problemas estructurales que no son de fácil ni rápida solución. Entre los principales problemas que afectan al sector, Planas ha señalado la erosión de los márgenes de agricultores y ganaderos, la atomización de la oferta que debilita su poder de negociación, la delicada situación de determinados sectores (en especial el oleícola y el hortofrutícola), problemas en el comercio internacional (mayor competencia internacional, veto ruso, brexit o los aranceles de Estados Unidos) y los fenómenos atmosféricos asociados al cambio climático.

Medidas propuestas por el Gobierno frente a la crisis del sector agropecuario
Ante esta situación de pérdida de rentabilidad, el Gobierno ha reaccionado buscando soluciones consensuadas, a través de un ejercicio de transparencia y diálogo con los diferentes actores, tanto institucionales como del propio sector. El Ministerio ha constituido la Mesa de Diálogo Agrario con las organizaciones profesionales agrarias, ya que “el diálogo y la acción son las principales líneas de este Gobierno”. También se  ha reactivado el Observatorio de la Cadena Alimentaria para relanzar los estudios, que dejaron de realizarse en 2014, sobre la formación de los precios de los productos e impulsar un reparto más justo del valor.
 
Entre las principales medidas que se van a acometer se encuentra la inmediata modificación de la ley de la cadena alimentaria, cuyo proyecto se presentará mañana en Consejo de Ministros, para evitar la banalización de los productos agrarios, prohibir las prácticas de competencia desleal, así como reforzar los contratos escritos, en los que será obligatorio incluir los costes efectivos de producción, para dar garantía y fiabilidad a la valorización de su trabajo. En definitiva, el proyecto dará una respuesta ajustada a las necesidades de la cadena y favorecer que las explotaciones resulten rentables “para que tengan presente y futuro”. 

Además, aprovechando la oportunidad que ofrece la transposición de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales (DPCD), el Gobierno ampliará su ámbito de aplicación e incluirá en la parte dispositiva de la Ley de la cadena alimentaria parte del Código de Buenas Prácticas para hacerlos obligatorios.
 
En el ámbito legislativo, Planas ha apuntado que se introducirán cambios en la ley de organizaciones interprofesionales, para que puedan desarrollar más funciones y mejorar su funcionamiento. El impulso de las organizaciones interprofesionales tiene especial interés en sectores como el de los cítricos o la fruta de hueso, para que puedan realizar prácticas orientativas de producción en función de la demanda. También se regulará el reconocimiento de asociaciones y organizaciones de productores en los sectores que, hasta ahora, no contaban con ello.
 
Para contribuir también a mejorar la rentabilidad de los productores, el Gobierno tiene previsto incrementar la partida destinada a seguros agrarios en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
 
Retos de futuro
De cara al futuro, el ministro Planas ha asegurado que el Gobierno abordará las profundas transformaciones que el sector agrícola, ganadero, pesquero y alimentario debe acometer, en especial, la incorporación de la innovación y la digitalización.
 
En esta tarea, Planas ha identificado seis señas de identidad de su Departamento para esta legislatura: el diálogo y el consenso; reforzar el protagonismo de jóvenes y mujeres; la defensa de un modelo de explotación familiar y profesional; la búsqueda de la rentabilidad de las explotaciones; el liderazgo de nuestro sistema agroalimentario y pesquero, basado en criterios de calidad y sostenibilidad; y la innovación, la transferencia del conocimiento y la incorporación de las nuevas tecnologías.
 
El nuevo marco político europeo también supondrá demandas en materia de sanidad animal y vegetal. “Seremos proactivos”, según el ministro que ha apuntado que es clave prevenir la propagación de plagas y enfermedades de los vegetales para lo que pondrá en funcionamiento un nuevo modelo de control fitosanitario en frontera.

Planas también ha incidido en la necesidad de combatir la excesiva atomización de la oferta. Para ello, es intención del Gobierno abordar la modificación de la ley de integración cooperativa, con un amplio debate sobre el papel del modelo cooperativo en España.
 
De igual forma, se van a promover cambios en la legislación comunitaria para que el etiquetado incluya con más detalle el origen de los productos, con el objetivo de que los ciudadanos tengan mayor información en sus decisiones de compra. También se va a reforzar el seguimiento para que todos los productos importados cumplan con las exigencias legales comunitarias, y para que compitan en igualdad de condiciones con los productos agrarios europeos.
 
En materia de desarrollo rural, se llevará a cabo un paquete de reformas legislativas, en el contexto de la elaboración de una nueva Ley Básica de Agricultura. Así se revisarán leyes como la de titularidad compartida y la de modernización de explotaciones para adaptarlas a las necesidades reales del sector y de las personas que lo conforman.
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