Lo que en el mercado se denominó "efecto freezer" no fue más que la necesidad de los consumidores de abastecerse de carne por temor a eventuales desabastecimientos en medio de los problemas que experimentan los transportistas de alimentos.

Este martes la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, decidió intervenir por primera vez en el tema. La funcionaria ordenó a la Comisión de Defensa de la Competencia "la realización de una investigación del mercado de carne vacuna".

Español quiere saber de esta manera -según indica la resolución 103/20 publicada en el Boletín Oficial- si en algún eslabón de la cadena de valor comercial se están cometiendo infracciones previstas en la Ley N° 27.442 (de Defensa de la Competencia).

La disposición oficial ordena a mataderos que durante 90 días informen "la cantidad diaria de kilos de media res y cuero comercializados, su precio promedio diario de venta por unidad de medida y la categoría de origen de tales productos".

Para cumplir con el requerimiento, las empresas deberán presentar semanalmente los datos en la plataforma "Trámites a Distancia" que, justamente, en estas semanas no funciona correctamente porque hay un volumen de tránsito muy superior al habitual.

La normativa de Comercio Interior establece además que los operadores del sector cárnico que no presenten la información requerida podrán sufrir la clausura del establecimiento por el término de 30 días y/o multas de hasta 406 millones de pesos.

El tema es que, según pudo averiguar LPO, la "intervención light" de Español sobre el mercado generó un fuerte rechazo dado que, en definitiva, la información solicitada ya es provista actualmente a otros organismos del Estado como, por ejemplo, la AFIP.

"La medida no tendrá efecto alguno sobre los precios de la carne. Sólo representa más burocracia estatal y una pérdida de tiempo para los trabajadores abocados a tareas administrativas", comentó a este medio el directivo de un importante frigorífico.