La reciente modificación de la Ley de la Cadena obliga a las empresas integradoras a revisar los contratos existentes y asegurar al productor una remuneración por encima de los costes de producción. Los contratos de integración tienen que cumplir las mismas condiciones que el resto de contratos. Esta ha sido una de las reivindicaciones históricas de UPA, “y por fin es una norma de obligado cumplimiento”.

En un encuentro con la directora de la AICA, Gema Hernández, UPA abordó la casuística especial de los contratos de integración en el sector avícola. Tanto UPA como la AICA se comprometieron a trabajar en la inspección y denuncia de contratos de integración que no se ajustasen a la legalidad.

UPA ha recordado que una vez que esté en marcha el registro de contratos agroalimentarios será obligatorio que todas las relaciones entre avicultores y empresas integradoras estén reflejadas en el mismo. Así será más fácil descubrir si los contratos incorporan un precio establecido en función de “factores objetivos, verificables y no manipulables”, que se sitúe por encima de los costes de producción del ganadero en cuestión.

La avicultura, como otros sectores, sufre una escalada de costes nunca vista. “Las granjas de cría de pollos somos explotaciones familiares que luchamos cada día por el medio rural, pero no aguantamos más”, aseguran desde UPA. En la actualidad, a pesar de que la Ley de la Cadena Alimentaria prohíbe vender por debajo de costes, los productores de pollo no están cubriendo el brutal incremento de sus gastos, que viene de hace meses pero que la guerra en Ucrania ha agravado.