A través de un comunicado, el secretario general de la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice), Miguel Huerta, pide eliminar nuevas cargas fiscales para las empresas cárnicas y solicita el apoyo a los sectores que dan vida al medio rural. “Se debe favorecer el desarrollo empresarial del sector cárnico-ganadero, eliminando trabas. Solo así podremos seguir manteniendo nuestro liderazgo exportador”.

Y es que para el sector cárnico la subida del coste del ganado que se sacrifica y del que se obtiene la carne con la que se hacen los elaborados cárnicos junto a los precios actuales de la energía y de otros productos necesarios para su actividad, hace que se hayan incrementado los costes de las empresas. Así lo demuestra la siguiente gráfica con la evolución de los precios del ganado porcino en Mercolleida.
 
A todo esto se suma la situación actual de inflación y el el impuesto a los envases de plástico no reutilizables, cuya entrada en vigor prevista para el 1 de enero del 2023, añadirá nuevas cargas económicas y administrativas a unas empresas ya muy dañadas en los últimos años. 

En nuestro país, la actividad ganadero-cárnica supone la implantación en la actualidad de 350.000 granjas de toda la geografía española, principalmente en entornos rurales, aportando cerca de 44.000 millones de euros al PIB nacional y generando 672.000 empleos directos y dos millones de empleos asociados. Se añade a ello que la industria de alimentación y bebidas, según datos del último informe de Empleo publicado por FIAB, fijó el pasado año una población de 834.737 personas en la España vaciada.

Desde Anice recuerdan que hay otros países, como es el caso de Alemania, en los que ya se ha hecho la advertencia de que "la desaparición de granjas de cerdos en el país supone una quiebra estructural de la ganadería porcina, que terminará con el desabastecimiento de carne de cerdo y con ello de proteína de origen animal. En los últimos diez años, el país ha visto reducido su número de granjas, en un 41%, y su censo en un 20%".

En el caso de España, ante el incremento de los precios del ganado porcino, "se corre el riesgo de desabastecimiento si se siguen introduciendo obstáculos a la instalación de nuevas granjas porcinas, que en nuestro país cumplen con los más estrictos estándares de bienestar animal a nivel mundial".

Por todo ello, desde Anice se pide "favorecer el desarrollo empresarial de los sectores cárnicos, eliminando cargas administrativas y obstáculos a la implantación de nuevos proyectos. Solo así, se ayudará a frenar el despoblamiento y se garantizará la pervivencia de las comunidades productoras de alimentos. En caso contrario España estará abocada a un medio rural abandonado y empobrecido".