El Parlamento aprueba la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que actualiza la legislación para hacerla más ambiciosa y eficaz
La Ley recoge una nueva política de residuos que apuesta por la prevención, maximizando el aprovechamiento de los recursos, y la disminución de los impactos adversos de su producción y gestión sobre la salud humana y el medio ambiente.
De acuerdo con la legislación comunitaria, antes de 2015 deberá llevarse a cabo una recogida separada de distintos materiales procedentes de residuos (papel, plástico, vidrio, metales), a la vez que se fomenta la separación en origen de los biorresiduos para su tratamiento biológico. Se incorpora un objetivo estratégico de prevención del 10% y un objetivo de preparación para la reutilización y reciclado de un 50% antes de 2020 para distintos materiales que componen los residuos domésticos y similares. En el caso de los residuos de construcción y demolición el porcentaje se eleva al 70% en preparación para la reutilización, reciclado y valorización.
La Ley establece que las Administraciones Públicas deberán aprobar programas y planes de prevención y de gestión de residuos en el ámbito de sus respectivas competencias. Se crea un marco legislativo común para que los fabricantes y responsables de la puesta en el mercado de los productos que con su uso se convierten en residuos, se involucren en la prevención y gestión de los mismos. La nueva Ley contribuye a impulsar la innovación asociada a productos y procesos, mercadotecnia y diseño, generando nuevas oportunidades laborales y sociales.
Asimismo, la Ley recoge la posibilidad de establecer en el futuro Sistemas de Depósito Devolución y Retorno (SDDR). Su implantación sería desarrollada reglamentariamente si se demuestra que es un instrumento técnico, económico y ambientalmente viable para una gestión más eficaz de los residuos. Se mantiene el régimen aplicable a los suelos contaminados de la Ley 10/1998 de residuos, y se matizan, entre otros, aspectos relacionados con la responsabilidad de la contaminación de los suelos.
La nueva norma refuerza las funciones de vigilancia, inspección y control, en consonancia con la supresión de determinadas autorizaciones y su sustitución por comunicaciones. Asimismo se ha clarificado y completado el régimen sancionador. Se clarifican las competencias de las entidades locales en relación con los residuos generados en los municipios. Se actualiza el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, se delimitan las obligaciones de productores y gestores, se simplifican trámites administrativos utilizando un registro compartido entre las Administraciones de modo que se garantice la transparencia y trazabilidad en la gestión.
La nueva Ley crea una Comisión como instrumento de cooperación y coordinación entre Administraciones públicas en materia de residuos, respetando el mercado interior y buscando soluciones eficaces, transparencia en la gestión y mayor accesibilidad de información.
Se establece un calendario hasta 2018 de sustitución de bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, y desde 2015, la obligación de marcarlas con mensaje sobre sus efectos en el medio ambiente.
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