¿Qué motivó la creación de la Ley de seguridad alimentaria y nutrición?

El motivo principal de esta ley es reforzar los mecanismos de coordinación y las políticas de educación nutricional. Son dos objetivos importantes que necesitan ser desarrollados con aspectos como los alimentos que debe haber en los centros escolares, el código de autoregulación de publicidad infantil, establecer el Observatorio de la Nutrición, el sistema de información en seguridad alimentaria, etc.

¿Qué papel ha tenido la industria alimentaria en su preparación?

Ha sido muy importante. Consultamos con más de 80 entidades relacionados con la administración. Entre ellos estaban todos los sectores, con los que nos reunimos individualmente, y en conjunto con la FIAB. Hemos incorporado entre el 50 y el 60% de las alegaciones que la industria alimentaria nos hizo.
Todo esto nos lleva a constatar que el 80% de la ley ha sido consensuada con los agentes sociales, con los partidos políticos y con las administraciones autonómicas.

Hay algunos aspectos en los que la industria alimentaria ha quedado muy decepcionada, como es la coordinación entre administraciones, al considerar que no ha habido una mejora sustancial. ¿Qué puede decir a este respecto?

Existe una gran coordinación pero lo que la industria alimentaria tiene que entender es que la Constitución establece unas competencias y hay que respetarlas. No sirve hacer cantos para que cambie una competencia que está establecida previamente. Con la crisis que hemos vivido recientemente en Alemania hemos demostrado que el sistema funciona, incluso mejor que en otros países que tenemos más idealizados. Con los nuevos mecanismos que establecemos, con los laboratorios, con las herramientas que se van a crear, etc, tendremos más instrumentos en la mano para hacer que el sistema sea excelente.

Lo que no puede pretender la industria es que la cercanía de las administraciones regionales sea buena para ser más rápidos y ágiles en todo lo relacionado con la seguridad alimentaria y cuando los temas y las situaciones llegan a la administración central se actúe de la misma manera. No creo que pueda ser así y tampoco creo que a nivel general la industria esté decepcionada ya que se ha demostrado que en España este sistema funciona bien.

Por otro lado, si hacemos caso de algunas de las enmiendas presentadas por el Partido Popular, se ha pedido que la AESAN se una a la Agencia para el Medicamento. Eso sin duda sí que haría daño al sector agroalimentario que entonces sí que podría ver dañados sus intereses.

Otro punto que fomenta la nueva ley es la gestión de la red de alerta. ¿Qué aportará de nuevo?

La Red de Alerta Europea funciona bien pero, con la crisis vivida en Alemania, hemos visto elementos de su gestión que hay que mejorar. Por ello hemos elaborado un informe y se ha defendido ante las autoridades europeas en un consejo de ministros informal que hubo en Polonia. Se han recogido nuestras argumentaciones y la Comisión se ha comprometido a elaborar, antes de que finalice el año, un nuevo paquete de medidas en materia de seguridad alimentaria, en el que va a incluir unas mejoras en el sistema de alerta europeo.

En este tema, la Comisión debe tener un papel más activo, en cuanto a admisión y gestión de la alerta para que no sea un mero transmisor de lo que le envían los Estados miembro y estos no sean los dueños y señores a la hora de poner y quitar una alerta. Para esto debe haber unos criterios medibles y publicados para saber a qué atenernos. También deben realizarse cambios para que las garantías laboratoriales sean semejantes en todos los países: si tenemos un Mercado Único no puede ser que sean diferentes.

¿Cómo valora el grado de implicación de la industria alimentaria en la Estrategia NAOS?

El papel de la industria ha sido fundamental en la reformulación de los alimentos y en establecer patrocinios, actuaciones que favorezcan la actividad física ya que la Estrategia NAOS propone comer sano y hacer ejercicio. Pero también ha hecho un papel importante en la publicidad por la autorregulación que recoge el Código PAOS, dirigida hasta ahora a menores de 12 años y a partir de ahora hasta los 15 años. Por tanto ha sido muy bueno y espero que siga siéndolo porque sin la industria no tendríamos el éxito esperado.

Desde algunas asociaciones de consumidores se ha afirmado que la Ley se quedaba corta al no establecer los límites de contenido de grasas trans. ¿Qué opina sobre esta reacción?

Evidentemente en esta Ley no podemos encontrar aquello que todas las partes querían incluir pero sí que se recoge buena parte de lo que quieren los consumidores. El Gobierno ha hecho una apuesta clara: no queremos obligar en los temas de seguridad alimentaria y se apuesta más por la autorregulación. ¿Por qué? Pues porque tampoco aquellos estados que tienen una normativa más restrictiva tienen mejores resultados. Hasta ahora ningún país tiene la varita mágica y hemos visto que nuestros resultados son aceptables en esta línea de colaboración y autorregulación, firma de convenios, etc.

La Ley de seguridad alimentaria ha trascendido mucho a la sociedad por la regulación de la publicidad de productos alimentarios. ¿Cómo cambiarán los anuncios dirigidos a niños en el futuro?

El Código PAOS ya ha hecho parte de estos cambios. Se ha reducido la presión comercial de ciertos productos sobre los niños. Cada día los jóvenes maduran antes y se van cambiando los hábitos alimentarios. La publicidad actúa sobre nuevos colectivos y por ello se ha decidido incrementar la edad hasta los 15 años.

Las empresas tienen dos mecanismos importantes para comunicar su producto al consumidor: la publicidad y el etiquetado. Este último ya estaba regulado a nivel nacional y ahora lo estará a nivel comunitario. En el caso de la publicidad, también debe regularse. Los centros escolares se han declarado libres de publicidad pero a la hora de regular en los medios de comunicación, hemos decidido utilizar la autorregulación que ofrece el código PAOS, subiendo la edad hasta los 15 años.