El presidente de la AESAN analiza algunos de los puntos fundamentales de la nueva Ley de seguridad alimentaria y nutrición. Temas como la coordinación entre administraciones o la no obligatoriedad de establecer niveles máximos concretos de grasas trans en los productos alimentarios no han sido bien acogido por parte de algunas asociaciones. La entrevista, completa, podrán encontrarla en el próximo número de eurocarne.

¿Qué motivó la creación de la Ley de seguridad alimentaria y nutrición?
El motivo principal de esta ley es reforzar los mecanismos de coordinación y las políticas de educación nutricional. Necesitan ser desarrollados con aspectos como los alimentos que debe haber en los centros escolares, el código de autoregulación de publicidad infantil, establecer el Observatorio de la Nutrición, el sistema de información en seguridad alimentaria… Por todo esto hay mucho trabajo que hacer en reforzar la coordinación y las políticas en educación nutricional.

¿Qué papel ha tenido la industria alimentaria en su preparación?
Ha sido muy importante. Consultamos con más de 80 entidades relacionados con la administración. Entre ellos estaban todos los sectores, con los que nos reunimos individualmente, y en conjunto con la FIAB. Hemos incorporado entre el 50 y el 60% de las alegaciones que la industria alimentaria nos hizo. Se han incorporado también otras de las comunidades autónomas. Todo esto nos lleva a constatar que el 80% de la ley ha sido consensuada con los agentes sociales y con los partidos políticos.

Hay algunos aspectos en los que la industria alimentaria ha quedado muy decepcionada, como es la coordinación entre administraciones, al considerar que no ha habido una mejora sustancial. ¿Qué puede decir a este respecto?
Creo que hay una gran coordinación pero lo que la industria alimentaria tiene que entender es que hay una Constitución que establece unas competencias y hay que respetarlas. No sirve hacer cantos para que cambie una competencia que está establecida previamente. Con la crisis que hemos vivido recientemente en Alemania, en la que hemos tenido que defender al sector hortofrutícola español, hemos demostrado que el sistema funciona, incluso mejor que en otros países que tenemos más idealizados. A partir de ahora, con los nuevos mecanismos que establecemos, con los laboratorios, con las herramientas que se van a crear, tendremos más instrumentos en la mano para hacer que el sistema sea excelente.
Lo que no puede pretender la industria es que la cercanía de las administraciones regionales sea buena para ser más rápidos y ágiles en todo lo relacionado con la seguridad alimentaria y cuando los temas y las situaciones llegan a la administración central se actúe de la misma manera. No, no creo que pueda ser así y además no creo que a nivel general la industria esté decepcionada y se ha demostrado que en España este sistema funciona bien.
Si hacemos caso de algunas de las enmiendas presentadas por el Partido Popular, se ha pedido que la AESAN se una a la Agencia para el Medicamento. Eso sin duda sí que haría daño al sector agroalimentario que entonces sí que podría ver dañados sus intereses.

Existen comunidades autónomas que ya tienen su propia ley de seguridad alimentaria, como es el caso de Castilla y León. ¿Cómo se van a complementar con la Ley recientemente publicada?
Se trata de leyes que legislan cosas diferentes. A nivel regional legislarán lo que es su competencia: inspección, revisión de documentación en producción primaria, establecimiento y distribución. Lo que nosotros tenemos que hacer es que aquello que las regiones hagan en su gestión de la seguridad alimentaria que sea lo más homogéneo y coordinado posible. No podemos entrar a legislar sus controles oficiales porque es competencia de las comunidades autónomas y porque todo lo que tiene que ver con cómo se deben realizar esos controles oficiales está homologado por los diversos reglamentos comunitarios que lo tratan.

Otro punto que fomenta la nueva ley es la gestión de la red de alerta. ¿Qué aportará de nuevo?
Queremos que haya un antes y un después. La Red de Alerta Europea funciona bien pero con la crisis vivida en Alemania, hemos visto elementos de su gestión que hay que mejorar. Hemos elaborado un informe y los hemos defendido ante las autoridades europeas en un consejo de ministros informal que hubo en Polonia. Estamos muy satisfechos porque se han recogido nuestras argumentaciones y la Comisión se ha comprometido a elaborar, antes de que finalice el año, un nuevo paquete de medidas en materia de seguridad alimentaria, en el que va a incluir unas mejoras en el sistema de alerta europeo.
En este sentido la Comisión debe tener un papel más activo, en cuanto a admisión y gestión de la alerta para que no sea un mero transmisor de lo que le envían los Estados miembro y estos no sean los dueños y señores a la hora de poner y quitar una alerta. Para esto debe haber unos criterios medibles y publicados para saber a qué atenernos.
También deben realizarse cambios para que las garantías laboratoriales sean semejantes en todos los países: si tenemos un Mercado Único no puede ser que sean diferentes.

¿Para cuándo podrían estar en marcha algunos de los instrumentos que pone en marcha la nueva Ley de seguridad alimentaria?
En la Ley se establece que la Estrategia NAOS se revisará de forma quinquenal, tendrá unos objetivos medibles y será el Observatorio quien se encargue de valorar si se van cumpliendo o no. Por todo ello habrá dos puntos fundamentales: establecer los criterios para determinar la efectividad de estas políticas y observar si se cumplen. La primera parte ya está avanzada a través de diversos puntos de seguimiento de la Estrategia NAOS que se están consensuando con las comunidades autónomas y la FIAB. Posiblemente estará listo después del verano y tras convocar a los responsables de la Estrategia NAOS buscaremos los objetivos a cumplir y a continuación llegará la puesta en marcha del Observatorio.

¿Cómo valora el grado de implicación de la industria alimentaria en la Estrategia NAOS?
Hasta ahora, y espero que así siga siendo, ha sido muy positivo. El logro ha sido implicar a cuatro ámbitos fundamentales: el educativo, el empresarial, el sanitario y el comunitario. El papel de la industria ha sido fundamental en la reformulación de los alimentos y en establecer patrocinios, actuaciones que favorezcan la actividad física ya que la Estrategia NAOS propone comer sano y hacer ejercicio. Pero también ha hecho un papel importante en la publicidad por la autorregulación que recoge el Código PAOS, dirigida hasta ahora a menores de 12 años y a partir de ahora hasta los 15 años. Por tanto ha sido muy bueno y espero que siga siéndolo porque sin la industria no tendríamos el éxito esperado. Estamos viendo los primeros resultados y el primer estudio en obesidad infantojuvenil pone de manifiesto que aunque la obesidad es un problema serio, al igual que en buena parte del mundo occidental, desde los estudios anteriores a este se ve una estabilización y el esfuerzo que queda es que se reduzca.

Desde algunas asociaciones de consumidores se ha afirmado que la Ley se quedaba corta al no establecer los límites de contenido de grasas trans. ¿Qué opina sobre esta reacción?
Evidentemente en esta Ley no podemos encontrar aquello que todas las partes querían incluir pero sí que se recoge buena parte de lo que quieren los consumidores. Es cierto que hay una apuesta clara hecha por el Gobierno: no queremos obligar en los temas de seguridad alimentaria y se apuesta más por la autorregulación. ¿Por qué? Pues porque tampoco aquellos estados que tienen una normativa más restrictiva tienen mejores resultados. Hasta ahora ningún país tiene la varita mágica y hemos visto que nuestros resultados son aceptables en esta línea de colaboración y autorregulación, firma de convenios, etc.

La Ley de seguridad alimentaria ha trascendido mucho a la sociedad por la regulación de la publicidad de productos alimentarios. ¿Cómo cambiarán en el futuro los anuncios dirigidos a niños en el futuro?
Hasta los 12 años el Código PAOS ya lo ha hecho. El pasado año vimos una presentación sobre su efectividad y nos mostró que se ha reducido la presión comercial de ciertos productos sobre los niños. Cada día los jóvenes maduran antes y se van cambiando los hábitos alimentarios. La publicidad actúa sobre nuevos colectivos y por ello se ha decidido incrementar la edad hasta los 15 años.
Las empresas tienen dos mecanismos importantes para comunicar su producto al consumidor: la publicidad y el etiquetado. Este último ya estaba regulado a nivel nacional y ahora lo estará a nivel comunitario. En el caso de la publicidad, también debe regularse. Los centros escolares se han declarado libres de publicidad pero a la hora de regular en los medios de comunicación, hemos decidido utilizar la autorregulación que ofrece el código PAOS, subiendo la edad hasta los 15 años.
En un informe presentado en la anterior convención NAOS, hemos visto que se ha reducido el contenido y la presión, en la línea de lo marcado por la OMS en cuanto a la publicidad dirigida a población infantil. La mayoría de los países han optado por la autorregulación y otros han optado por actuaciones más normativas.