Los grandes países piden a Bruselas flexibilidad en la reforma de la futura Política Agraria Común (PAC)
En el marco del primer debate celebrado sobre los cambios que propone Bruselas para la PAC, los ministros europeos de Agricultura han considerado en su mayoría que se trata de una buena base de negociación, pero piden modificaciones de calado para asegurar que implicará mayores costes y burocracia. También apuestan por una mayor "flexibilidad" para que los gobiernos nacionales apliquen los cambios adaptados a las especificidades de sus productores.
Entre las voces más críticas, la de la ministra española, Rosa Aguilar, que durante su intervención ante el comisario ha tachado de "decepcionante" la propuesta en general y ha considerado "inaceptables" elementos propuestos como la llamada "tasa plana" para poner fin a los derechos históricos de los antiguos Estados miembros para asignar las ayudas directas a sus agricultores.
En el debate, Aguilar ha explicado que el sistema de pago unitario para las ayudas directas generaría "desequilibrios territoriales y productivos" y "pone en serio peligro la viabilidad" del sistema productivo español, porque castiga a los agricultores más eficientes y con mayor rendimiento debido a que son estos productores los que también afrontan mayores costes de producción.
España también se ha posicionado en contra de condicionar el 30% de los apoyos directos al cumplimiento de requisitos medioambientales específicos porque las tres prácticas propuestas (pastos permanentes, barbecho ecológico y rotación de cultivos) podrían "debilitar" al sector. Además ha subrayado que los agricultores europeos ya asumen esfuerzos medioambientales importantes.
El llamado "reverdecimiento" de la PAC ha sido uno de los puntos que más dudas ha levantado entre los países. El ministro francés, Bruno LeMaire, ha explicado que su país recibe esta idea favorablemente como principio, pero reclama que sea "más simple y coherente". Reservar el 30% de los recursos del primer pilar a esta medida es, a su juicio, "excesivo" y también considera inapropiado limitar a tres las prácticas posibles. Otros países como Portugal, Austria, Suecia y Alemania han valorado la idea de premiar a quienes hagan esfuerzos medioambientales pero en general han reclamado "flexibilizar" en el porcentaje a reservar a este objetivo y en el listado de medidas reconocidas como prácticas "verdes".
Una de las principales reclamaciones de Bruselas, que es reequilibrar el reparto de las ayudas directas entre sectores y regiones para favorecer un pago más justo, ha sido aplaudida por países como Hungría, pero también ha sido bien recibida por otros que, como Francia, se han mostrado de acuerdo en eliminar los derechos históricos.
La ministra británica, Caroline Spelman, ha asegurado que la propuesta de reforma puede ser una "oportunidad perdida" porque no afronte con acciones adecuadas los objetivos de seguridad alimentaria y lucha contra el cambio climático.
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