El Ejecutivo presidido por Pedro Passos Coelho pretende crear, con el dinero recaudado, un fondo de salud y de seguridad alimentaria para compensar a los productores "en la prevención y erradicación de enfermedades de los animales y de las plantas así como de las infestaciones por parásitos" e "incentivar el desarrollo de la calidad de los productos agrícolas", según consta en el decreto ley elaborado por el ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Queda por determinar el valor de esta tasa anual que deberán pagar los comercios que venden productos de origen animal y vegetal, frescos o congelados, transformados o crudos, al peso o preenvasados. Estarán exentos de pagar este impuesto los establecimientos con área de venta inferior a 400 m² o pertenecientes a microempresas, siempre y cuando no pertenezcan a una empresa que utilice una o más insignias o esté integrada en un grupo y que dispongan, a nivel nacional, de un área de venta acumulada igual o superior a 2.000 m².

Los establecimientos que incumplan la ley se arriesgan a pagar multas entre 2.500 y 44.890 euros. Una vez entre en vigor el decreto ley existe un plazo de 30 días para fijar el valor de la tasa así como el reglamento de la gestión del fondo.