Argentina establece la necesidad de que todos los bienes importados pasen por un sistema de preregistro y de apobración previa a través de lo que se define como "Declaración jurada anticipada de importación". Tras esta gestión burocrática los permisos para importar son denegados.

En el conjunto de la balanza comercial de la UE la medida habría supuesto unas pérdidas de 500 millones de euros en 2011.

Tras haber mantenido unas conversaciones para resolver esta situación a mediados del pasado mes de julio, la Unión Europea ha decidido recurrir a la Organización Mundial del Comercio quien el próximo 17 de diciembre deberá decidir la creación de un panel para la discusión de esta situación.