Precisamente las diferentes regiones en las que se produce ibérico han venido acordando sus posiciones junto a los representantes empresariales a nivel autonómico. Desde Extremadura, la consejería ha remarcado que se han producido avances con el segundo borrador pero aún hay aspectos a mejorar como el etiquetado o la mención a la pureza racial en el etiquetado aunque solicitan nuevamente la no inclusión del denominado como "cerdo de rejilla" dentro de la Norma.

La viceconsejera de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León, María Jesús Pascual, ha destacado que en este segundo borrador existen muchos elementos perjudiciales para el ibérico de su región por lo que negociarán la inclusión de la pureza racial en el etiquetado y solicitarán a cambio mayores controles de las certificaciones. También destacó la falta de tiempo para la adaptación a la futura Norma.

En el caso de Andalucía, su consejero de Agricultura, Luis Planas, afirma que en el borrador se recogen algunas de las solicitudes que hicieron en su día al Magrama pero destaca también que existen carencias en cuanto a los sistemas de control y etiquetado por lo que "sería necesario establecer un sistema de delegación de tareas de control de acuerdo con la normativa europea y con las garantías suficientes de homogeneización de actuaciones en todas las comunidades autónomas".

Otro organismo que se ha posicionado en torno a la Norma del Ibérico ha sido la Diputación de Salamanca. Su presidente, Javier Iglesias, en compañía del alcalde de Guijuelo, Julián Ramos, han recordado que “la industria del ibérico es la más importante de toda la provincia pero también tiene mucho peso en el resto de España”. Ramos ha querido dejar claro que “algo pasa cuando el 95% del sector está en contra de estas normas. Es un auténtico despropósito, que sólo interesa a un 5% y encima intereses que desconocemos”. Ha añadido Ramos, que se llevará este descontento a las Cortes de modo que se “recupere el sentido común y el Ministerio dé marcha atrás”.

A nivel empresarial, desde Iberaice se ha considerado que la Administración, mediante este proyecto de norma, está alterando el mercado de un producto con una gran tradición a través de una iniciativa legislativa que "vendría a suponer, de facto, una especie de expropiación de un nombre y una tradición comercial tan arraigada como la del ibérico, no solo por la práctica y la tradición sino por la propia normativa emanada del Ministerio desde hace años".

Otras asociaciones de ganaderos como UPA consideran que la futura Norma, “creará más confusión en el consumidor, perjudicará a la industria y a la distribución y hundirá a la mayor parte de la producción”. Añade además que se obliga a los ganaderos a "inscribir a sus animales en los libros genealógicos; con el incremento de coste que esto supone para un sector que lo que menos tiene en este momento es rentabilidad”.

Desde Aeceriber si que se ha visto con buenos ojos esta segunda propuesta del Magrama y añaden que no entienden de algunas de las partes "por mantener el oscurantismo en el etiquetado de nuestros productos".

Por último, el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, a raíz de la polémica que está generando este tema, ha reconocido que existen intereses muy difíciles de conciliar y que se busca crear "una norma que dé transparencia al mercado, con la que los consumidores sepan exactamente el producto que adquieren, y que permita a todos los segmentos de la producción del cerdo ibérico seguir desarrollando su actividad con normalidad".