El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, hmanifestó ayer que España ha venido a Bruselas con una posición “flexible”, “porque creemos que hay que cerrar ya esta reforma y los agricultores sepan pronto qué nivel de ayudas van a recibir y de qué forma se les van a pagar”. A este respecto, el ministro está convencido de que el Consejo, a pesar de las reticencias de algún Estado miembro, va a llegar a un acuerdo para poder avanzar en las negociaciones con el Parlamento.

Miguel Arias Cañete hacía estas declaraciones a la entrada del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, reunido para conseguir un mandato negociador que permita cerrar con el Parlamento Europeo la reforma de la Política Agraria Común (PAC).

El ministro ha mostrado su confianza en que la Unión Europea cierre pronto esta reforma y que no haya un conflicto entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Por ello, “trataremos de que la Presidencia lituana tenga un mandato negociador, con una cierta flexibilidad, que permita una aproximación en aquellos puntos que, además, son los menos conflictivos”.

Por un lado, Arias Cañete ha explicado que el Parlamento Europeo está solicitando que las ayudas por encima de 150.000 euros tengan un porcentaje de reducción más alto del 5%, que es el que estableció el Consejo. “Y creo que entre lo que pide el Parlamento en estos momentos y lo que estableció el Consejo se puede buscar un justo término”, ha asegurado.

Además, el ministro ha señalado que el Parlamento también está demandando que por encima de 300.000 euros de ayuda haya otro porcentaje adicional, “aunque eso en España no nos afectaría porque ya hemos tomado la decisión de limitar las ayudas a los 300.000 euros, siempre limitadas a las que no son del reverdecimiento y teniendo en cuenta, además, el empleo generado en la explotación”.

Por otro lado, el ministro ha indicado que España no se opone a que se incrementen las tasas de cofinanciación en el segundo pilar (desarrollo rural), “teniendo en cuenta las dificultades que tienen muchas comunidades autónomas de financiar los programas de desarrollo rural en el futuro, dadas las tensiones presupuestarias”, ha aclarado.