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Celebrado un juicio en la Audiencia Nacional por un fraude para la obtención ayudas de forma ilícita mediante la compra de maquinaria para la industria cárnica

La sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) ha acogido un juicio en el que se acusaba a varios industriales de maquinaria cárnica de un fraude para la obtención, de forma ilícita, de ayudas de la Unión Europea. En el caso estaban implicados Francesc y Pau Prenafeta, quienes han conseguido, tras pactar con el fiscal de la Audiencia Nacional, rebajar de 3 a 2 años las penas de cárcel que se les solicitaba además del pago de 70.635 euros, informa EP.

En el fraude también estaban implicados otra serie de empresarios y trabajadores de diversas firmas de maquinaria para la industria cárnica entre los que figuran Joaquín Sastre, Fernando y Jaime Rabell, entre otros, a los que se les han impuesto multas por un valor de entre 83.260 y 218.398 euros además de la reducción de las penas de cárcel solicitada de 3 a 2 años.

Todos ellos se manifestaron responsables de los delitos de los que se les acusaba, la obtención indebida de fondos de los presupuestos de la UE, y sus abogados defensores solicitaron que las penas de prisión quedaran en suspenso y se retrasara en 2 años el pago de la multa ante la imposibilidad de poder abonarla de forma inmediata.

La responsabilidad civil se decidirá en la ejecución de la sentencia y si se verifica que la UE ha sido resarcida, los condenados no deberían abonar cantidad alguna aunque Bulgaria, el país que persiguió estos hechos y que pagó las ayudas recibidas desde la UE para la compra de maquinaria, se podría dirigir contra los acusados en un posible procedimiento civil.

La trama organizada por los condenados inflaba los precios de los equipos para la industria cárnica con el objetivo de obtener una mayor cantidad de ayudas en el marco del programa especial de adhesión para la agricultura y el desarrollo rural de la República de Bulgaria. Fueron varias las empresas búlgaras que solicitaron estas ayudas que eran sufragadas en un 75% por la UE y un 25% por el estado búlgaro.

Los acusados, en representación de empresas españolas fabricantes y comercializadores de este tipo de equipos, falsearon junto a empresas búlgaras los precios presentados en varios proyectos con un valor muy por encima del precio de mercado con lo que obtenían más fondos que el valor real de los equipos.

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