Con una medida de este tipo se disminuye la competitividad de las empresas, se ralentiza la creación de empleo y se dificulta la recuperación económica.

Para la patronal de la industria alimentaria, la adopción de una medida de estas características debería contar con la consulta y el consenso previo de los agentes sociales, tanto de los empresarios como de los trabajadores.

En palabras de Horacio González Alemán, director general de FIAB, “el conjunto de la industria se muestra seriamente preocupada por este tipo de medidas como la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, a las que se suman otras recientes como el proyecto de ley de mutuas o la tasa a los gases fluorados, puesto que impactan muy negativamente en el colectivo industrial. No entendemos cómo el Gobierno pone trabas a la generación de empleo y la recuperación económica del país, cuando debería dar continuidad a las reformas estructurales de nuestra economía que permitan revertir definitivamente la situación e impulsar la confianza del consumidor”.

Por otro lado, Anged, Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución, en sintonía con el mensaje manifestado por la CEOE y por otras organizaciones representantes del sector alimentario como la Fiab, considera que es imprescindible constituir una comisión entre el Gobierno y los agentes sociales que analice detalladamente el impacto económico y social que van a tener las últimas medidas adoptadas por el Ejecutivo en materia de la Seguridad Social y que suponen, de facto, un encarecimiento de las cotizaciones sociales que soportan empresas y trabajadores. En un país con la tasa de desempleo que tiene España, según considera Anged, encarecer más las cotizaciones sociales –España es el cuarto país de la OCDE con las tasas más elevadas- resta competitividad a las empresas y constituye una barrera para generar nuevos empleos, asegura en un comunicado.