Tanto la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición, como el Instituto Nacional de Consumo, compartían misión en cuanto a la protección de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios. Aunque cada uno de ellos tenía áreas de actuación específicas, los dos trabajaban en el ámbito de los alimentos y los dos disponían de líneas de trabajo de carácter administrativo, analítico y de investigación que se podían complementar y, así, rentabilizar mejor el uso de los recursos públicos.

La Agencia nace con una vocación integradora y de cooperación de todos los agentes involucrados en la garantía de la seguridad de los consumidores en su sentido más amplio. La Aecosan cuenta con un presupuesto de más de treinta millones de euros para el presente ejercicio y con cerca de cuatrocientos trabajadores.

La refundición de ambos organismos autónomos permite abordar la protección de los consumidores y usuarios desde un único órgano administrativo bajo una sola dirección que garantice la unidad de criterio, dificulte las disfunciones en el cumplimiento de las tareas y haga ganar en eficacia y eficiencia la gestión de la Administración General del Estado.

Existirá, asimismo, una interlocución única para empresas, organizaciones de consumidores y administraciones.