Según ha manifestado UPA lleva años reivindicando que el coste de la retirada y destrucción MER no fuera imputado al ganadero, práctica que de manera injusta se ha venido realizando durante más de ocho años tras la aparición de la EEB. En todo este período, los ganaderos españoles han estado pagando el coste de retirada y destrucción de los MER, perdiendo millones de euros.

Por fin el MARM ha sido sensible a nuestras peticiones y ha establecido la base legal para evitar la repercusión de dichos costes al colectivo de ganaderos, a través de la Orden MARM/1163/2010 por la que se modifica la Orden APA/67/2002, de 18 de enero y se establece un sistema de control de los subproductos generados en la cadena alimentaria cárnica. Sin embargo, desde UPA estamos preocupados porque en la práctica no se realice un cumplimiento estricto de la Orden, a la vista además de las declaraciones que han realizado asociaciones de mataderos y salas de despiece, que llevan mucho tiempo repercutiendo ese coste a los ganaderos generando así importantes ingresos para sus empresas.

En este sentido, UPA ha instado al MARM a realizar un control exhaustivo del cumplimiento de la referida normativa. Además, UPA por su contacto directo con los ganaderos españoles a través de su entramado de oficinas regionales, provinciales y comarcales, va a vigilar las liquidaciones que se hacen a los ganaderos para garantizar que ese coste no les repercuta ni de manera directa ni indirecta.