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La Eurocámara solicita simplificar los trámites administrativos para los agricultores

El Parlamento Europeo ha reclamado unos trámites administrativos más sencillos y transparentes para los agricultores europeos. Los diputados han aprobado un informe en el que subrayan la necesidad de facilitar la presentación de solicitudes para ayudas agrícolas, eliminando la "burocracia innecesaria" y creando un marco legislativo más eficaz. El informe se enmarca dentro de la reforma de la PAC prevista para 2013.

El PE subraya que los agricultores deben tener acceso a "sistemas viables" que les permitan presentar solicitudes de pagos directos "con facilidad y sin burocracia innecesaria", normalmente en su lugar de residencia. Asimismo, los diputados creen que, con el fin de simplificar las normas del régimen de pago único, debe eliminarse la obligación de enviar anualmente la misma información detallada.

El texto pide revisar la definición actual de tierras subvencionables dentro del régimen de pago único, "con el fin de asegurar que no sean elegibles los solicitantes que no sean agricultores en activo". En este sentido, el PE recalca que la PAC tiene que ser más simple, pero también más transparente y equilibrada. También señala que el sistema de multas para los agricultores por errores cometidos en las solicitudes de pago "debe ser proporcionado a la magnitud de la infracción" y que las sanciones no deben aplicarse en el caso de errores menores o faltas que no son culpa del agricultor. Igualmente, la Eurocámara subraya que deben fijarse requisitos de condicionalidad y que estos deben tener en cuenta también el tamaño de las explotaciones, de forma que se reduzca la carga en las pequeñas propiedades en las que el riesgo es menor.

Por otra parte, los requisitos legales relativos a los controles de la condicionalidad deben ser fácilmente comprensibles para los agricultores y las autoridades de control. Los diputados insisten en que, proporcionando más ayuda y consejo a los agricultores mediante instrumentos eficientes de información y asesoramiento, como un servicio telefónico de ayuda o por Internet, se contribuiría a evitar infracciones y se facilitarían a los Estados miembros los medios para reducir las cuotas de sus inspecciones.

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