El Consejo de ministros de Medio Ambiente debatió sobre el proyecto que presentará en julio la Comisión Europea (CE) acerca de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM), que incluye una cláusula por la que un país tendrá más libertad para vetar su cultivo. España se opuso a esta propuesta, porque estima que las decisiones acerca de los transgénicos deben de tomarse a escala europea y no convertirse en políticas nacionales.

Francia la rechazó también, pero por razones contrarias, porque quiere que haya análisis más profundos para reforzar la vigilancia de OGM y critica la forma en que la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (AESA) evalúa los expedientes de transgénicos. Le apoyaron otros países: Holanda, Irlanda, Chipre, Grecia, Hungría y Austria, estos tres últimos, al igual que Francia, han aplicado salvaguardas contra OGM.

El titular del ramo francés, Jean-Luis Borloo, afirmó que no le gusta la propuesta de la CE, porque Francia "nunca aceptará dejar de lado la exigencia de un análisis creíble sobre el riesgo ambiental de los OGM". Francia considera que aunque aparentemente supondría más libertad para los Estados miembros, la intención de la CE es presentar un proyecto para "acelerar" la autorización de OGM "a cambio de que no se mejoren" los procedimientos, según Borloo.

Elena Espinosa declaró su oposición al proyecto de la CE pero porque España pide que en el ámbito de los OGM haya una política europea y no basada en decisiones nacionales. España es el país con mayor superficie de cultivo de transgénicos. Destacó que España, con un 80 por ciento de la plantación de maíz OGM en la UE y una extensión nacional que ronda las 76.000 hectáreas, lleva "muchísimos años pidiendo una directiva europea de coexistencia común para todos los Estados miembros".