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El Parlamento andaluz aprueba la Ley de la Dehesa que promoverá un aprovechamiento integral de los recursos de este ecosistema

La Ley de la Dehesa ha superado el último trámite del Parlamento tras su aprobación por el Pleno, cumpliéndose así uno de los compromisos del Gobierno andaluz para esta Legislatura con el fin de proteger y optimizar los recursos de este ecosistema, único en Europa y que ocupa aproximadamente 1,2 millones de hectáreas del territorio andaluz.

Para llevar a cabo las acciones previstas, la norma cuenta con una dotación presupuestaria de 180,5 millones de euros hasta 2013, procedentes de recursos propios de la Junta y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) 2007-2013. En la Ley se integran las distintas normativas autonómicas que hasta ahora regulan los usos y aprovechamientos desde una perspectiva sectorial (agraria, forestal y ambiental).

En el debate final en la sesión plenaria de la Cámara, la consejera ha agradecido la participación y aportaciones de los agentes económicos y sociales y en especial de las Organizaciones Profesionales Agrarias, el sector cooperativo, las entidades representativas de las ganadería de porcino, vacuno y toro de lidia, así como las organizaciones de producción ecológica y del sector del corcho, que han hecho posible la aprobación de una "ley viva que dará respuesta a las necesidades de los territorios con dehesa, y que posibilitará la pervivencia de este modelo". Del mismo modo, ha expresado su agradecimiento a los grupos políticos, que han enriquecido la ley con 32 aportaciones, incorporadas al texto final.

La norma tendrá "importantes repercusiones" sociales y económicas en las zonas adehesadas de las que dependen 128 municipios andaluces, que se benefician del "aprovechamiento múltiple y sostenible de los recursos que genera". En este sentido, la Consejería de Agricultura, promotora de esta Ley junto con la de Medio Ambiente, considera que no puede existir dehesa sin una actividad que garantice el sostenimiento de los sectores económicos ligados a ella. Precisamente su "función territorial y social" obliga a dotarla de los instrumentos necesarios para facilitar una "explotación sostenible y preservar sus recursos".

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