"Algunas cláusulas contractuales aplicadas directamente por los distribuidores o sus centrales de compra a los proveedores o productores primarios podrían, en algunas circunstancias, ser consideradas injustas y probablemente frenar el crecimiento e incluso la viabilidad de algunas compañías competitivas", según indica un informe publicado el 5 de julio.

El ejecutivo comunitario menciona específicamente el sector de la alimentación, donde estas prácticas "podrían contribuir a una transmisión de precios asimétrica, rigidez de precios y condiciones contractuales injustas impuestas a los productores primarios", además de afectar a la capacidad de inversión en innovación de estos últimos. Ésta es una de las principales debilidades detectadas por la Comisión Europea en un informe sobre el sector minorista realizado de cara al lanzamiento, en otoño de 2010, de un paquete legislativo destinado a mejorar el comportamiento del mercado único en la UE.

El ejecutivo comunitario ha abierto el 6 de julio una consulta pública hasta el próximo 10 de septiembre, para que las partes interesadas hagan sus sugerencias sobre un sector que supone el 4,2% del PIB europeo, representa al 20% de las pequeñas y medianas empresas de la UE y emplea a 17,5 millones de personas en el continente.

El informe publicado detecta otros obstáculos para lograr un sector minorista "más eficiente y justo", entre los que destaca el escaso despegue del comercio electrónico, que cree básico para limitar el impacto del sector sobre el cambio climático y para garantizar el suministro a los consumidores mayores (el 17% de la población), discapacitados (15%), los habitantes de zonas rurales y los que no pueden permitirse un coche (9%).Así, las ventas electrónicas sólo superan el 2% del total en cuatro estados miembros (porcentaje que es menor en frutas y verduras), debido a "los gastos de envío transfronterizos, sistemas logísticos ineficaces y a los sistemas de pago costosos o poco fiables", entre otros factores.

El informe también critica la diferencia de precios entre regiones y países (por ejemplo, el precio de la alimentación es un 28,4% más caro en Bélgica, en comparación con su vecina Holanda), además de falta de información y de facilidades de comparación de precios para los consumidores.