La medida buscaría recortar gastos y cumplir así con una promesa electroal de Andrew Lansley, secretario de Salud, quien afirmó que quitaría a la Food Standard Agency (FSA por sus siglas en inglés) sus responsabilidades en materia de nutrición y asesoría dietética. La medida podría llegar a porvocar críticas puesto que estiman que Lansley está cediento a los intereses de la industria alimentaria británica, opuesta al enfoque regulador de la FSA sobre los alimentos.

En la actualidad, en la FSA trabajan 2.000 personas y cuenta con un prespuesto de 163 millones de euros al año. Sus funciones relacionadas con el control de la seguridad e higiene de la cadena alimentaria podrían llegar a ser transferidas al Departamento para la Alimentación, Medio Ambiente y Asuntos Rurales (Defra, por sus siglas en inglés).