La nueva ley promueve que la oferta alimentaria de los centros escolares sea variada y adecuada a las necesidades nutricionales de los alumnos. Los responsables de la supervisión de los menús serán profesionales acreditados y los colegios proporcionarán a los padres o tutores información detallada sobre ellos así como directrices para que la cena sea complementaria. En las instalaciones que lo permitan, se elaborarán menús escolares adaptados a las necesidades especiales de los alumnos que padezcan alergias e intolerancias alimentarias.

La normativa prevé actuaciones en el ámbito de la publicidad de los alimentos a la población de menos de 15 años, como el desarrollo de sistemas de regulación voluntaria mediante acuerdos con los operadores económicos y de comunicación audiovisual.

En cuanto a la industria alimentaria, la normativa establece la obligación de que utilicen tecnologías e ingredientes que minimicen el contenido de las grasas trans en la cadena alimentaria.

La iniciativa, cuyo anteproyecto se presentó en octubre de 2009, da cumplimiento a un compromiso adquirido con los ciudadanos e incluido en los objetivos de la Estrategia de Seguridad Alimentaria 2008-2012. La Ley define por primera vez un sistema de información homogéneo en seguridad alimentaria para el intercambio de datos entre administraciones, profesionales e investigadores, así como para facilitar los conocimientos más avanzados en la materia. Además, establece la creación de una Red Española de Laboratorios de Control Oficial de Seguridad Alimentaria, que reforzará la vigilancia, mejorará la gestión de la calidad y apoyará la investigación en metodología analítica, entre otros aspectos.

El texto plantea la obligación de revisar cada cinco años la Estrategia NAOS para la nutrición, la actividad física y la prevención de la obesidad, con el objetivo de avanzar en sus objetivos. Se creará para ello el Observatorio de la Nutrición y el Estudio de la Obesidad, que realizará análisis periódicos de la situación de España en este ámbito.