Los Veintisiete han reiterado su preocupación sobre la propuesta de Bruselas, que otorga más poder a los gobiernos nacionales para que puedan vetar el cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM), al considerar que puede plantear problemas jurídicos y en la OMC, según recoge Efe. "Tenemos dudas, mantenemos reservas sobre la compatibilidad de la propuesta con los tratados y acuerdos comerciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC)", afirmó el 20 de diciembre en un debate público celebrado en Bruselas, la secretaria de Estado española de Cambio Climático, Teresa Ribera.

España reclama al Ejecutivo comunitario que informe sobre los riesgos ambientales y los efectos socioeconómicos de la medida y que especifique qué tipo de motivos podrán alegar los países para justificar su veto al cultivo de OGM en su territorio, una decisión que calificó de "excepción a la regla común de un mercado armonizado". Ribera considera que será difícil justificar el veto por motivos distintos de la protección de la salud y del medio ambiente y subraya que resulta muy difícil mantener la confianza en las decisiones comunitarias si en paralelo se cuestionan a escala nacional.

El comisario europeo de Sanidad, John Dalli, explicó que habrá que esperar a estudiar la cuestión a escala técnica antes de formular una propuesta concreta el año que viene, pero adelantó que los motivos para vetar no incluirán "cuestiones de salud ni medio ambiente", pero sí podrán ser en principio razones "socioeconómicas y políticas".

Más tajante que España, tradicionalmente favorable a este tipo de cultivos, se mostró la delegación francesa: "Francia se opone a que sigamos trabajando sobre esta propuesta de la CE", sostuvo su secretaria de Estado de Ecología, Nathalie Kosciusko-Morizet.

España, Francia, Alemania, Italia y Polonia figuran entre la minoría de países que más claramente se oponen a la propuesta de la Comisión, pero existe una amplia mayoría de estados que sólo está dispuesta a mantener los debates al respecto si se aclaran los aspectos jurídicos y se garantizan las evaluaciones de impacto pertinentes, recordó la presidencia belga de turno de la UE.