El secretario general de Medio Rural, Eduardo Tamarit, se reunió el pasado 11 de febrero con representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agroalimentarias para presentarles el informe del Grupo Interministerial sobre el Sector Agroalimentario (GISA), que recoge las conclusiones de los trabajos del Grupo, aprobadas en su sesión plenaria del pasado 21 de diciembre, y que fueron presentadas por la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino al Consejo de Ministros el 30 de diciembre.

Según ha señalado Tamarit, las actuación del GISA está justificada por los condicionantes y problemas específicos a los que se enfrenta el sector agroalimentario, teniendo en cuenta su carácter estratégico para la economía y la sociedad españolas, como proveedor de alimentos y su contribución al mantenimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales, así como a la conservación del medio ambiente y del paisaje.

Las propuestas incluidas en el informe tienen como objetivo facilitar la viabilidad y el futuro de las explotaciones agrícolas y ganaderas, en materias que afectan a las competencias de los departamentos ministeriales que forman parte del grupo, en particular en relación a financiación, fiscalidad, control y seguimiento de las importaciones, suministro eléctrico en el sector de regadíos, política de energías renovables y el funcionamiento de la cadena alimentaria.

En concreto, el GISA propone evaluar y analizar el impacto de las medidas fiscales y de financiación puestas en marcha en 2010, y valorar la necesidad de poner en marcha nuevas medidas para favorecer el acceso al crédito. En relación al funcionamiento de la cadena alimentaria, el Grupo propone ampliar el alcance de las finalidades de las OIAs a la promoción de normas de comercialización para regular la oferta, y modificar la regulación de los contratos tipo de productos agroalimentarios, así como regular los supuestos de obligatoriedad del contrato escrito.

También propone seguir impulsando medidas dirigidas a la coordinación en la aplicación de la normativa comunitaria de competencia en relación al sector agroalimentario, y buscar soluciones a la necesidad de vertebración y organización del sector agroalimentario compatibles con las normas de competencia. En relación al control y seguimiento de las importaciones, se van a estudiar medidas para mejorar la fiabilidad de los métodos de cálculo de los precios de entrada recogidos en la legislación comunitaria.