El Ejecutivo comunitario actuó contra España porque "no ha notificado" las medidas de aplicación de una Directiva europea, que establece los niveles máximos en los piensos de restos de sustancias potencialmente peligrosas para la salud humana, animal o para el medio ambiente. La regulación fija los límites de residuos de metales pesados, pesticidas o impurezas vegetales que pueden encontrarse en los alimentos animales.

Los países deberían haber puesto en marcha dicha ley en julio de 2010 pero, según la CE, España aún no lo ha hecho. La CE destacó, en un comunicado, que es importante que España cumpla sus obligaciones legales y comunique las medidas oportunas al Ejecutivo comunitario. Tras esta advertencia, España dispone de un período de dos meses para contestar a Bruselas. Si la CE no está satisfecha con la respuesta pasado ese plazo, podría denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Bruselas inició hace un año el procedimiento de infracción contra España por la normativa sobre los piensos, enviándole una carta de emplazamiento.

La CE recordó, en el comunicado, que las sustancias "indeseables" están prohibidas o limitadas en la nutrición animal para garantizar la confianza del consumidor y la seguridad de los alimentos o de los piensos.