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El Gobierno balear afirma que la solución a los residuos cárnicos está próxima

El Gobierno balear ha gastado entre el pasado septiembre y enero de este año más de 500.000 euros en trasladar a la península 1.847,11 toneladas de residuos cárnicos que no pueden ser tratados en Mallorca, un problema "costoso" que se arrastra desde "hace diez años" y cuya solución definitiva "está en camino", según informa Efe.

Así lo ha asegurado durante una comparecencia parlamentaria solicitada por el PP, el consejero de Presidencia, Albert Moragues, quien ha defendido la intervención del Gobierno en esta problemática y ha recordado que la competencia real sobre ella es del Consell de Mallorca que será el que presentará la solución en próximas semanas.

La alternativa para el tratamiento de residuos de difícil tratamiento en Mallorca está elegida y sólo queda ajustar una serie de problemas jurídicos y ambientales para que pueda ser presentada, según ha dicho Moragues que, no obstante, ha optado por no adelantar nada de cuál o cómo será esa solución definitiva. Cuando esa alternativa esté bien definida y presentada, será entonces cuando se verá la participación presupuestaria que tendrá que asumir el Gobierno balear para su financiación, ha explicado Moragues, en respuesta a las acusaciones del PP que considera que la solución está tardando demasiado y que el Gobierno no está haciendo nada.

Para el PP, no es posible que el Gobierno se escude en que el tema de los residuos cárnicos no es de su competencia, cuando es el que ha dado 300.000 euros en subvenciones a los mataderos de las islas, y ha criticado que estén alargando el asunto hasta "que se hayan transferido las competencias de agricultura al Consejo para quitarse el problema de encima". Moragues ha respondido que el Gobierno no ha dejado de trabajar en el tema, que ha sido el primer ejecutivo en poner solución "aunque sea provisional" a un problema que viene desde hace una década pidiendo una solución, ya que cada año se generan 4.000 t de residuos.

El Gobierno continuará pagando cada mes 125.000 euros para que lo que no se procesa ya en la planta de Llucmajor sea enviado a Lleida, con el objetivo de que la solución definitiva que el Consell elija para poner fin al problema esté en marcha a finales de este año, el 31 de diciembre. En este sentido, el PP ha lamentado que, mientras el presidente del Gobierno, Francesc Antich, le comunicó personalmente que la solución estaría fijada el pasado septiembre, que haya pasado un año ya y nada se haya sabido al respecto, y que ahora hablen del 31 de diciembre de 2011.

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