La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud está desarrollando, a través de los servicios provinciales de Consumo de Almería y Córdoba, una campaña de inspección dirigida a controlar el etiquetado de un centenar de productos ibéricos a la venta en Andalucía, así como a examinar su sistema de trazabilidad. El objetivo de la campaña es garantizar una correcta y leal competencia de los mercados y asegurar la defensa de las personas consumidoras, evitando fraudes y confusiones con otros productos porcinos, no derivados del cerdo ibérico, que no respondan a sus expectativas.

Las inspecciones se realizan sobre diferentes productos ibéricos, como jamón, paleta, caña de lomo, lomo embuchado o lomo en el caso de los productos elaborados. Las actuaciones de control se llevan a cabo en comercios minoristas, visitando todo tipo de establecimientos abiertos al público en general que se dediquen a la venta de productos alimenticios como supermercados, grandes superficies o tiendas de alimentación tradicional.

Durante las actuaciones, el personal inspector comprueba que el etiquetado de los productos cumple con los requisitos que establece la normativa, tanto a nivel general (comprobando que figuran los datos identificativos del responsable, la lista de ingredientes, el lote, el marcado de fechas, etc.), como a nivel específico para este tipo de productos. En este sentido, se verifica, entre otras cuestiones, que los productos incluyen en su etiquetado la mención “certificado por”, seguida del nombre del organismo independiente de control. Además, se presta especial atención al cumplimiento de los requisitos normativos de la denominación de venta, formada por tres designaciones obligatorias que deben aparecer siempre juntas.

Durante las inspecciones se controla especialmente el sistema de trazabilidad, para garantizar que quede acreditada la procedencia del producto a lo largo de todo el proceso de producción, elaboración y distribución, desde la explotación ganadera hasta su venta a las personas consumidoras.

En el caso de que se detecten irregularidades, se remitirán las actuaciones al departamento correspondiente para el inicio del oportuno procedimiento sancionador. En este sentido, la normativa establece sanciones que, para estos casos, pueden oscilar entre los 200 y los 5.000 euros en función del tipo de infracción.

Esta campaña se desarrolla en el marco del Plan de Inspección de Consumo 2017, que comprende un total de 27 campañas dirigidas a garantizar y reforzar la protección de los derechos de las personas consumidoras y asegurar que los productos y servicios que están a la venta cumplen los requisitos de seguridad y calidad que exige la normativa vigente. El desarrollo del Plan supondrá más de 8.000 controles y la toma de aproximadamente 300 muestras en los diferentes establecimientos que se inspeccionen.