La secretaria general del Ministerio Público de Guatemala, Mayra Véliz, ha sido la encargada de informar sobre el fraude detectad en el país por el que un grupo de industriales cárnicos y de firmas dedicadas a la distribución de alimentos habrían defraudado unos 1.000 millones de quetzales al goberno guatemalteco, informa el diario Prensa Libre.

La compañía Desarrolladora Internacional (DCI) tenía dos unidades que vendían carnes y productos cárnicos a Delicarnes, quien las distribuiía a los supermercados para su venta al consumidor.

Estas dos empresas, División Cárnica y Abasto Cárnico, negociaban con proveedores "no formales" para obtener la carne para lo cual se crearon documentos de compra falsos. “Luego de hacer esta negociación se trasladaba a Delicarnes para el procesamiento y `posteriormente era comercializada en Operadora de Tiendas", dijo la secretaria del MP.

Ambas compañías negaron que se haya defraudado al gobierno y aseguraron que quienes estarían al frente de esta estructura delictiva ya no trababajan en las compañías desde hace meses. Tanto Operadoras de Tiendas como DCI afirmaron que continuarán colaborando con la autoridad con la finalidad de aclarar la verdad, aportando la documentación necesaria del período señalado en el caso.

"Nuestras empresas se rigen bajo estrictas normas de cumplimiento a la ley en todos los mercados donde operamos, normas que incluso han sido merecedoras de reconocimiento internacional", expresaron las firmas en un comunicado conjunto.

Desde Delicarnes aseguran además que desde hace tiempo que no trabajaban con DCI al dudar de los proveedores que les faturaban al no cumplir con el pago de impuestos.