El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Agricultura y Ganadería de Andalucía. El texto, que será enviado al Parlamento de Andalucía para su tramitación definitiva, incorpora medidas en aspectos como el reforzamiento de la posición de los profesionales, la protección del suelo agrario, el aprovechamiento de los excedentes alimentarios, los mecanismos para conseguir precios más justos, la agilización de la respuesta a las crisis de sanidad vegetal o animal y la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones y a la actividad agroindustrial.

En el último de estos aspectos, la ley reconocerá a ambos colectivos como grupos preferentes en concesión de ayudas, actividades de formación y acceso a las tierras públicas. También incluirá medidas para facilitar a las mujeres la participación e interlocución en cuadros técnicos y directivos, explotaciones, empresas, grupos de desarrollo rural, consejos reguladores y organizaciones interprofesionales y de productores.

Con el objetivo de conseguir una cadena agroalimentaria más equilibrada, el texto incorpora controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado concuerdan con lo reflejado en la etiqueta y se ajustan a la normativa vigente. En el caso negativo, a partir de la entrada en vigor de la ley, la responsabilidad recaerá solidariamente no solo en el vendedor sino también en el resto de operadores agroalimentarios (productores, transformadores y comercializadores) que no denuncien estos productos sospechosos.

La infracción, considerada grave, será sancionada con multas de entre 3.001 y 50.000 euros. Esta calificación tendrá también la negativa o resistencia a suministrar datos a los servicios de inspección, que por primera vez tendrán consideración de autoridad en el ejercicio de sus funciones.

El régimen disciplinario incluido en el proyecto de ley también abre la posibilidad de que, siempre que concurran circunstancias de riesgo o daño efectivo para los intereses económicos del sector agroalimentario, se dé publicidad de las sanciones junto al nombre de las empresas y de las personas responsables, con expresa indicación de las infracciones cometidas y de la marca comercial del producto en el caso de venta por debajo del precio de mercado.

Para aumentar la seguridad y trazabilidad, los productos deberán llevar un documento de acompañamiento durante su transporte, emitido por explotaciones y empresas. Con ello se facilitará su seguimiento y control, además de evitar robos y fraudes. Los operadores estarán legalmente obligados a denunciar todas aquellas falsificaciones y adulteraciones que detecten, así como a retirar del mercado los productos que no cumplan con la normativa en materia de calidad.

En la misma línea, se prevé la creación del Foro de la Cadena Agroalimentaria, que estará integrado por representantes de los sectores productor, transformador, comercializador y de la distribución. Este órgano de participación, autorregulación y asesoramiento se encargará, entre otras funciones, de la cooperación entre los diferentes eslabones de la cadena, de promover códigos de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria y de la búsqueda conjunta de soluciones ante desajustes que se puedan producir.

En relación con la función social de la cadena alimentaria, la futura ley sentará las bases de los reglamentos que obligarán a superficies comerciales, industrias agroalimentarias y otros establecimientos a recuperar y entregar el excedente a organizaciones humanitarias para su distribución, o bien destinarlo a compostaje u otros tipos de reutilización e integración en procesos de economía circular. Asimismo, las industrias deberán elaborar planes para reducir los desechos alimentarios.

El proyecto dispone también la elaboración de la Estrategia para el Conocimiento, Investigación, Desarrollo e Innovación del Sector Agrario y Agroalimentario, y la creación del Foro Andaluz de Innovación Agroalimentaria como órgano de participación y asesoramiento.

Finalmente, el texto incluye una modificación de la Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía con el fin de que la Administración autonómica pueda intervenir en los Consejos Reguladores en casos graves o reiterados de incumplimiento de sus funciones, y otra de la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias para incluir entre estas entidades a las vinculadas con la distribución comercial.